Pese a la fragilidad que tiene en el Parlamento, en momentos en que se tratan leyes claves para la meta de “déficit cero”, el gobierno de Javier Milei profundizó esta semana su enfrentamiento con las provincias por el reparto de fondos, con la prohibición del cobro de tasas municipales en las boletas de servicios públicos y el veto a la reforma jubilatoria, que no sólo actualizaba los haberes de la clase pasiva, sino que también disponía la cancelación de la deuda con las cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación.
El cambio de voto de 28 diputados nacionales le permitió a Milei sostener el veto a la movilidad jubilatoria, entre ellos cinco de la UCR. Las razones de ese cambio abrupto de actitud son un misterio en la mayoría de los casos, ya que complica al menos a 13 sistemas previsionales locales que siguen en manos de los gobernadores, que vienen acumulando una deuda desde que asumió Milei –que nunca les giró un peso por el ítem- que asciende a U$S 3.000 millones.
Se trata de las cajas de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes, cuyos tesoros deben poner el dinero que no manda la Anses. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, viene renovando la promesa de saldar esa deuda pero su credibilidad se esfuma con el tiempo, ya que hasta ahora nunca se cumplieron. No obstante, entre los legisladores nacionales que cambiaron el voto hay algunos vinculados con los gobernadores que esperan que la Casa Rosada cumpla con los giros: Gerardo Cipolini, radical del Chaco, se ausentó, mientras los misioneros Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik y Alberto Arrúa (Innovación Federal) se abstuvieron.
El caso más resonante es el del radical entrerriano Pedro Galimberti, que dejó su banca dos días antes de la sesión a cambio de un lucrativo cargo en la comisión que administra la represa Salto Grande, ofrecido oportunamente por el Gobierno para que jurara en su lugar Nancy Vallejos, del PRO, quien votó a favor del veto. El gobernador Rogelio Frigerio llevó a la Corte Suprema su reclamo por los fondos. La ley vetada planteaba que se debía pagar la deuda con las cajas no transferidas con los recursos de Anses. Vale recordar que el 27 de marzo, por el DNU 280/2024, el Ejecutivo suspendió la vigencia de los artículos 92 y 93 del Presupuesto 2023, que había prorrogado para este año. Allí se fijaba la liquidación mensual de los fondos a las provincias. Es decir, la suspensión de los pagos se debe a una decisión absolutamente unilateral de Milei. Córdoba también tiene una demanda ante la Corte por estos recursos, donde reclama unos $450.000 millones.
Tasas municipales
El otro golpe a las arcas provinciales fue la prohibición dispuesta esta semana por la Secretaría de Comercio a que los municipios establezcan tasas locales en los servicios públicos, algo que puso en estado de alerta especialmente a los distritos bonaerenses, ahogados por el ajuste de fondos de la Nación. En las últimas horas, se conoció que el ministro de Economía, Luis Caputo, falsificó una factura de luz de Mar de Ajó para fundamentar la medida en las redes sociales, al borrar información importante de la boleta original.
Más allá de esto, los distritos comienzan a rebelarse: Córdoba ya avisó que la medida no alcanzará a los servicios municipales porque dependen de entes provinciales, excepto el gas; mientras que el gobierno bonaerense de Axel Kicillof ya avisó que no respetará la disposición. “La provincia ha dictado diversas normas que la reglamentan y complementan a los fines de su implementación y es por ello que la citada norma nacional no resulta de aplicación directa”, informó el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), que indicó que “el marco regulatorio que rige en el ámbito de la provincia de Buenos Aires aprobado por la Ley 11.769, en su artículo 78 prevé la posibilidad de incluir conceptos ajenos en la facturación”.
Por otro lado, el Banco Nación (BNA) informó ayer que interpondrá una acción declarativa de inconstitucionalidad contra La Pampa ante la Corte Suprema de Justicia por la decisión de la provincia de incrementar del 7% al 15,47% la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos, que grava la actividad financiera local.
Polémica reforma previsional en Santa Fe
La Cámara de Diputados de Santa Fe convirtió en ley la reforma previsional que ya tenía media sanción del Senado provincial, en una jornada tensa donde se desataron diversos incidentes tanto adentro como afuera del recinto de la Legislatura.
Ocurre que los representantes de gremios docentes y estatales, que seguían el debate y la votación desde las inmediaciones, forcejaron para ingresar al edificio ante los intentos de la policía para impedirlo.
Las fuerzas de seguridad dispersaron a los manifestantes con el uso de gases lacrimógenos. Entre los principales puntos de la reforma, la ley declara la emergencia del sistema previsional santafesino, aumenta el porcentaje de aportes de los trabajadores activos, reduce los haberes efectivos, establece topes al beneficio previsional y modifica el sistema de pensión por viudez.