Despidos en la Procuración del Tesoro: sospechan tráfico de información

La administración de Javier Milei avanza con despidos y reestructuraciones en el organismo jurídico tras la presunta difusión indebida de información sensible vinculada al millonario juicio por la expropiación de YPF.

Despidos en la Procuración del Tesoro: sospechan tráfico de información

El Gobierno encara una purga en la Procuración del Tesoro por “filtraciones” sobre el litigio por YPF

El Gobierno nacional inició una profunda reestructuración en la Procuración del Tesoro, ante sospechas de filtraciones de información sensible que habrían impactado negativamente en el litigio internacional por la expropiación de YPF, cuyo fallo de primera instancia en Estados Unidos obliga al Estado argentino a pagar una multimillonaria indemnización.

Según confiaron fuentes oficiales a un grupo de periodistas acreditados en Casa Rosada, entre ellos la Agencia Noticias Argentinas, el procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, está llevando adelante una «purga» interna. “Creemos que hubo filtraciones sobre YPF. La Procuración maneja temas de muchos millones de dólares”, afirmó un funcionario del entorno del presidente Javier Milei.

En el Ejecutivo no descartan que haya existido incluso una venta de información al fondo buitre Burford Capital, el principal demandante en el juicio por la petrolera estatal. Por eso, se dispuso la disolución de áreas administrativas y un recorte estructural que incluye más de 60 desvinculaciones desde que asumieron las nuevas autoridades en febrero de 2025.

La propia Procuración del Tesoro emitió un comunicado en el que confirmó la reducción del 20% del personal, el pase de seis a cuatro Direcciones Nacionales y la disolución de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, que será reemplazada por un nuevo centro con estructura reducida. Aunque el documento no menciona explícitamente las filtraciones, se enmarca en el proceso de “transformación y racionalización del Estado” impulsado por el oficialismo.

Castro Videla, de 43 años, fue designado en febrero en reemplazo de Rodolfo Barra, pero se apartó del litigio por YPF por haber sido socio del abogado Alberto Bianchi, uno de los testigos presentados por Burford Capital en la causa.

Pese a las tensiones judiciales, en el Gobierno aseguran que la defensa de la Argentina está bien posicionada, ya que el abogado que representa al país ante la Justicia de EE.UU. es Robert Giuffra Jr., titular del estudio Sullivan & Cromwell, quien también ha defendido a Donald Trump.

El litigio por la expropiación de YPF continúa su curso tras el fallo adverso de la jueza Loretta Preska. El Gobierno de Milei ya apeló esa decisión, y en las últimas horas trascendió que Estados Unidos respaldará la posición argentina ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York.

La Procuración del Tesoro, como máximo organismo de asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo, se encuentra ahora bajo el escrutinio interno y externo, en un contexto de ajuste, tensiones judiciales internacionales y sospechas sobre fugas de información en causas clave para el país.

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