Según relevamientos de la entidad, los ítems ajenos al consumo directo de electricidad representan entre un 16% y más de un 25% del valor total de cada factura.
«La factura de energía se ha transformado en un instrumento de recaudación impositiva que no se corresponde con el consumo real del servicio. Hoy, ante un contexto de ventas retraídas, estos sobrecostos reducen drásticamente el margen operativo de las PyMEs e impactan de lleno en los costos fijos», explicó en diálogo con Hoy Día Córdoba el vicepresidente de Fedecom, Maximiliano Dauria.
La anatomía del sobrecosto
El impacto en los comercios e industrias de cercanía es directo. Al no tratarse de un insumo prescindible —ya que resulta clave para la iluminación comercial, el accionamiento de maquinarias o la cadena de frío—, la carga tributaria ahoga la capacidad productiva.
Para ejemplificar la distorsión, desde la entidad señalan que en una factura estándar de $100.000, hasta $25.000 corresponden exclusivamente a fondos y cargos extrafiscales. El petitorio entregado al Ministerio de Producción exige dos medidas concretas:
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Derogación del FODEP (10%): Eliminación del Fondo para el Desarrollo Energético Provincial, un recargo en cascada aplicado directamente sobre el consumo neto.
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Tope y unificación de la OIM y Tasas de Alumbrado (6% al 15%): Limitación de las alícuotas municipales, desvinculándolas del consumo total para evitar cobros desproporcionados.
«La factura de luz no puede seguir utilizándose como una ventanilla de recaudación impositiva. Reducir las sobretasas no es un privilegio, es devolverle poder de compra a la gente y competitividad al comercio cordobés», enfatizó por su parte el presidente de Fedecom, Fausto Brandolín.
La brecha del interior provincial
La problemática se profundiza al cruzar los límites de la capital. Mientras que en Córdoba Capital el servicio es prestado directamente por EPEC, en la mayoría de los departamentos del interior la distribución depende de Cooperativas Eléctricas que compran energía en bloque y trasladan el Valor Agregado de Distribución (VAD).
Al respecto, Maximiliano Dauria remarcó la dimensión territorial del reclamo: «La problemática es generalizada, pero adquiere matices aún más complejos en el interior por la intermediación cooperativa. Por eso, la masiva participación de dirigentes de toda la provincia demuestra que el pedido de tope a las tasas es un reclamo federal y unánime».
Para la entidad, recortar estos cargos generaría un «efecto derrame» inmediato. La liquidez que el Estado o los municipios dejan de absorber en la boleta eléctrica pasa a volcarse directamente al comercio de cercanía, dinamizando el circuito económico local.
Una agenda integral para la reactivación PyME
Si bien la cuestión tarifaria concentró la urgencia del encuentro, Fedecom acercó al ministro Sibilla una propuesta de gestión estructurada en otros cuatro ejes estratégicos:
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Centros Comerciales a Cielo Abierto (CCCA): Un marco normativo provincial con incentivos fiscales y financiamiento directo para beneficiar a comercios minoristas de más de 20 localidades.
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Apoyo Financiero vía BANCOR: Restitución de esquemas competitivos de fomento y financiamiento en cuotas sin interés mediante la tarjeta Cordobesa.
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Desburocratización: Eliminación definitiva del Registro SIFCOS por superposición de datos y condonación de pasivos administrativos acumulados.
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Inserción Laboral en el Interior: Implementación de un subprograma de empleo compartido (formato PPP) para profesionalizar la gestión comercial de las empresas locales.
Tras la presentación, el Gobierno provincial se comprometió a conformar mesas de trabajo técnicas junto a la entidad para analizar la viabilidad regulatoria y redactar los proyectos de ley correspondientes.
«El principal desafío estructural sigue siendo la caída del consumo de cercanía y la falta de financiamiento accesible. Existe vocación mutua de diálogo y esperamos avanzar rápido en las normativas que devuelvan capacidad operativa al sector», concluyó Dauria.
La actividad económica repuntó en junio, pero cayó en el segundo trimestre