Las tarifas de los principales servicios públicos registraron fuertes incrementos en Córdoba durante los primeros siete meses de 2026 y avanzaron por encima de la inflación provincial. El caso más marcado fue el del gas, cuyo costo acumuló una suba del 38,6% entre enero y julio, más de 20 puntos porcentuales por encima del aumento general de precios.
De acuerdo con los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de Córdoba, la inflación acumulada en la provincia durante ese período fue del 18%. En comparación, la electricidad distribuida por Epec aumentó 27,1%, mientras que la tarifa de agua de Aguas Cordobesas registró un incremento del 22,8%.
De esta manera, el gas acumuló una diferencia de 20,6 puntos porcentuales respecto de la inflación general. En el caso de la electricidad, el incremento fue 9,1 puntos superior al IPC, y el agua quedó 4,8 puntos por encima.
Los servicios regulados, entre los que más aumentaron
El comportamiento de las tarifas también se refleja al analizar los distintos componentes del IPC. Entre enero y julio, los precios regulados, que incluyen buena parte de los servicios públicos, acumularon un incremento del 23,7%, 5,7 puntos por encima de la inflación provincial.
En el mismo período, la inflación núcleo, que excluye los precios regulados y estacionales, avanzó 16,6%, mientras que los precios estacionales registraron una suba del 11,9%.
También los servicios en general mostraron una evolución superior al promedio. En los primeros siete meses del año acumularon un aumento del 20,8%, mientras que los bienes subieron 15,9%.
La tendencia no es nueva. Durante 2025, la inflación provincial había alcanzado el 33%, pero el agua aumentó 57,6% y el gas 40,5%. La electricidad, en tanto, tuvo una suba anual del 32,4%, prácticamente en línea con el nivel general de precios.
El impacto sobre los hogares
El aumento de las tarifas adquiere especial relevancia porque se trata de gastos que tienen un margen limitado de reducción. A diferencia de otros consumos que pueden postergarse o eliminarse, el agua, la electricidad y el gas forman parte de las necesidades básicas de los hogares.
La presión sobre los presupuestos familiares se produce, además, en un escenario de dificultades en el mercado laboral. Según los últimos datos disponibles del Indec, correspondientes al primer trimestre de 2026, la subocupación en el Gran Córdoba alcanzó al 16,5% de la población económicamente activa, frente al 15% registrado un año antes.
En términos absolutos, la cantidad de subocupados pasó de 121.000 a 139.000 personas en apenas un año. Dentro de ese grupo, quienes además buscan activamente trabajar más horas aumentaron de 105.000 a 128.000.
A nivel nacional, la tendencia también muestra un cambio en la estructura del empleo. Un análisis citado en el informe señala que entre 2015 y 2026 la cantidad de subocupados en los principales centros urbanos creció 76%, mientras que los ocupados plenos aumentaron 23%.
En ese mismo período, los asalariados formales crecieron apenas 2%, frente a incrementos del 33% entre los asalariados informales y del 52% entre los trabajadores por cuenta propia.
Endeudamiento para cubrir gastos básicos
Ante la dificultad para afrontar los gastos mensuales, el crédito se convirtió para numerosos hogares en una herramienta para sostener el consumo cotidiano.
Un estudio del Observatorio Social y Cultural para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), realizado sobre más de 1.600 casos, reveló que siete de cada diez hogares agotan sus ingresos mensuales antes del día 20.
El relevamiento también mostró que el 70% de los encuestados pidió al menos un préstamo durante los últimos dos años, y que la mitad utilizó ese dinero para comprar alimentos.
A su vez, el 43% tuvo que recurrir a dos o más fuentes de financiamiento para llegar a fin de mes, mientras que el 37,8% solicitó préstamos mediante billeteras virtuales.
Los investigadores definieron este fenómeno como un “endeudamiento de supervivencia”, debido a que el crédito ya no se utiliza principalmente para adquirir bienes de mayor duración, sino para afrontar gastos esenciales.
La situación también alcanza directamente al pago de servicios. La mitad de los hogares consultados afirmó haber utilizado la tarjeta de crédito para comprar alimentos y mercadería, mientras que siete de cada diez registraron algún atraso en el pago de servicios básicos o tarjetas durante los últimos dos años.
El escenario muestra así una creciente presión sobre las economías familiares: mientras los ingresos encuentran mayores dificultades para acompañar el costo de vida, los gastos fijos, entre ellos las tarifas de servicios, absorben una porción cada vez mayor del presupuesto y reducen el margen disponible para otros consumos.
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