La Justicia Federal de Santa Rosa suspendió de manera provisoria dos artículos del decreto 982/2026, mediante el cual el Gobierno nacional había dispuesto que Mendoza percibiera el 100% de las regalías generadas por el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles. La medida permite mantener, mientras avanza el proceso judicial, el esquema que asigna la mitad de esos recursos a La Pampa.
El juez federal Juan José Baric hizo lugar al planteo presentado por el gobierno pampeano y ordenó suspender los artículos 3° y 4° de la norma, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La resolución tendrá vigencia hasta que el magistrado defina sobre la cautelar solicitada por La Pampa. Antes deberá recibir un informe del Poder Ejecutivo, para lo cual otorgó un plazo de tres días.
La decisión no resuelve la disputa de fondo sobre la distribución de las regalías, sino que impide aplicar por ahora el nuevo esquema mientras continúa la instancia judicial.
El antecedente de 1992
El decreto publicado el 11 de septiembre dejó sin efecto el régimen establecido en 1973, que contemplaba un reparto en partes iguales, y fundamentó el cambio en que la fuente hidroeléctrica se encuentra dentro del territorio mendocino.
La Pampa sostiene, en cambio, que la distribución también quedó contemplada en un acuerdo firmado en 1992 entre Nación, Mendoza y La Pampa, aprobado por las legislaturas provinciales y posteriormente homologado por la Corte Suprema. Bajo el esquema vigente durante las últimas décadas, cada provincia percibía el equivalente al 6% de las regalías.
La discusión tomó relevancia en el marco del proceso para definir una nueva concesión del complejo hidroeléctrico. El Gobierno nacional había señalado que el nuevo criterio buscaba aportar previsibilidad a ese procedimiento.
Un conflicto que llegó a la Corte
La disputa se vincula además con la histórica controversia por el río Atuel, cuyo carácter interjurisdiccional fue reconocido por la Corte Suprema en 1987.
El gobernador pampeano Sergio Ziliotto sostiene que el acuerdo de 1992 reconoce el derecho de su provincia a participar de las regalías y cuestionó que el Gobierno nacional modificara el esquema. Por su parte, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo sostiene que la generación hidroeléctrica se produce íntegramente en Mendoza y que los recursos corresponden a esa jurisdicción.
La controversia también tramita ante la Corte Suprema, en una causa iniciada por Mendoza contra el Estado nacional, a la que La Pampa se incorporó en agosto. La cautelar dictada ahora mantiene provisoriamente el reparto anterior hasta que avance la discusión judicial.
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