El recorte total de la asistencia brindada por el Estado nacional a los más de 1.400 comedores populares que existen en todo el país como última barrera contra la indigencia de la población, abrió un nuevo conflicto en la relación del Gobierno de Javier Milei con las provincias, que el miércoles salieron a reclamar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que “revierta la decisión de congelar y desfinanciar los programas sociales”.
En un documento conjunto ya anticipado ayer por HDC, los ministros de Desarrollo Social de nueve provincias alertaron que “una devaluación del 118%, una suba de la inflación del 25,5% en el mes de diciembre y del 20,6% en el mes de enero y más del 50% de los argentinos y argentinas en la pobreza, no puede ir acompañado de un brutal ajuste en los sectores más vulnerables”.
“Degradar el Ministerio de Desarrollo Social no está dando resultados y consideramos que las primeras medidas: cortar programas de inclusión laboral, de fortalecimiento de la economía popular, proyectos de integración urbana, programas para la primera infancia y alimentarios, sin anunciar políticas superadoras, está generando más desigualdades y consolidando la vulnerabilidad social de la población”, advirtieron los funcionarios provinciales, quienes alertaron sobre “el impacto que están teniendo estas políticas en las personas con discapacidad, en los adultos mayores, en los pueblos originarios, en la primera infancia, en personas con diferentes enfermedades y problemas alimentarios”.
“Hasta que asumió el presidente Javier Milei, ningún Gobierno llegó al extremo de recortar de manera tan drástica la ayuda alimentaria a los merenderos y comedores escolares. Estamos ante una situación inédita y de gravedad para los más desprotegidos”, remarcaron los funcionarios en el texto, donde resaltaron que “hay sectores que no pueden esperar y nuestra función como servidores públicos es dar respuesta a los ciudadanos y ciudadanas de las provincias. Esperamos una respuesta a la brevedad”, concluyeron.
Se trató de un reclamo transversal de diversos partidos, al que ayer se sumó el referente social y ex diputado nacional del PRO Héctor “Toty” Flores, quien alertó sobre la “muy complicada” situación social que enfrenta la Argentina y se quejó de que en el Gobierno de Milei “no tienen ni idea de lo que pasa y cómo la gente va sobreviviendo”. “Estamos pasando una situación muy complicada, nunca vista, ni siquiera en 2001. La crisis agarra a la gente sin nada”, advirtió “Toty” Flores, quien alertó que “la gente está desesperanzada y no hay perspectiva por dónde salir”. “Está bien transparentar el sistema, pero no se le puede sacar la comida a la gente, que es lo único que tiene. Creo que no tienen ni idea de lo que pasa y cómo la gente va sobreviviendo”, concluyó.
Por su parte, el secretario general del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, remarcó ayer que “no hay ninguna ayuda social” para los más necesitados por parte del Gobierno nacional y aseguró que “lo más grave” es la falta de alimentos en los comedores. “Las organizaciones están creciendo en los barrios por el abandono del Estado”, advirtió finalmente Pérsico en un mensaje directo al gobierno nacional.
Nuevas protestas contra el Gobierno
Las protestas y reclamos por la crisis social que atraviesa el país crecen diariamente. Ayer, la Unión Trabajadores de la Economía Popular (Utep) se manifestó frente al Ministerio de Economía para reclamar al ministro del área, Luis “Toto” Caputo, que “libere partidas” para que Capital Humano compre alimentos para los comedores comunitarios, a la vez que rechazaron la eliminación del programa Potenciar Trabajo y del fondo Fisu, destinado a la urbanización de barrios populares. Pero no fueron los únicos en salir a las calles porteñas para manifestarse contra las políticas del Gobierno libertario.
La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) también realizó una importante concentración frente a la Secretaría de Trabajo (que también depende de Capital Humano) en protesta por la paralización de las obras públicas, que ya generó una pérdida de 50.000 empleos directos y 100.000 indirectos, según denunció el gremio.
Una tercera marcha la protagonizaron piqueteros del Frente Popular Darío Santillán, quienes se manifestaron frente a la empresa pública de agua Aysa porque dejaría sin empleo a unos 2.000 trabajadores de cooperativistas de agua y cloacas.