El enfrentamiento del presidente Javier Milei con las provincias tras la caída de la Ley ómnibus, que derivó en un fuertísimo recorte de los fondos que gira la Nación, está llevando a los gobernadores a buscar fuentes alternativas de financiamiento para sostener sus alicaídas cuentas públicas, con la amenaza de la emisión de cuasimonedas locales flotando en el aire.
Ocurre que el ajuste de cuentas del Ejecutivo nacional no se limita a los subsidios al transporte o a los servicios públicos, sino que alcanza a las más diversas áreas: financiamiento educativo, obra pública, Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondos fiduciarios, entre otros rubros. Así lo revela un informe oficial de la Secretaría de Hacienda, que el viernes informó que tuvo un superávit primario de 2 billones de pesos.
Allí, discrimina entre los fondos que ejecuta directamente la Nación y los que son enviados a los gobernadores: en este capítulo, prácticamente todos los rubros fueron suprimidos a cero. Por ejemplo, desde inicios del año, el Gobierno de Milei recortó el 80% de los fondos destinados a obras de infraestructura y giró solo US$ 90.000.000 a todas las provincias.
En Educación, las transferencias fueron prácticamente llevadas a cero, desde $15.500 millones en enero del año pasado a solo $752 millones el mes pasado. Los fondos a Vivienda también tuvieron un recorte pronunciado (88% nominal), desde $18.700 millones de hace un año hasta $2.200 millones de este año. Para Transporte el derrumbe nominal de gasto fue del 66%; para Agua Potable y Alcantarillado fue de 21,5% y para Energía un 19,2%.
En este contexto, las provincias elaboran diferentes estrategias para compensar sus gastos. Si en Córdoba el gobierno de Martín Llaryora incrementó por ejemplo los subsidios al transporte para que el boleto no se vaya por arriba de los $1100, en Chubut el gobernador Ignacio “Nacho” Torres (JxC) anunció la creación de un “Incentivo Provincial Docente” para compensar la pérdida del Fonid (Fondo de Incentivo Docente), con partidas propias.
Más extremo fue el gobierno de Jujuy, que estableció una modificación en su régimen impositivo a partir de la cual empezará a cobrar un impuesto a toda la mercadería que ingrese, egrese o pase por su territorio, a cuenta Ingresos Brutos, un tributo que cobran las direcciones de rentas en los distritos. A su vez, el Ministerio de Salud de Salta informó que analiza cobrar por la atención médica a los pacientes extranjeros que se atiendan en hospitales y centros de salud provinciales. “La provincia va a priorizar la atención a los salteños”, advirtió la cartera.
En ese contexto, el diputado Máximo Kirchner presentó dos proyectos para revertir la situación. Uno propone la creación del Fondo Federal para el Desarrollo Nacional que se financie vía “el 60% del total recaudado en concepto de derechos de exportación de la soja”. El objetivo es que las provincias y los municipios cuenten con financiamiento para obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial. Por otro lado, el mismo diputado presentó otro proyecto elaborado junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que busca reponer por ley el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).
Evalúan la quita de subsidios en el Amba
El Gobierno evalúa la posibilidad de quitar los subsidios al transporte de colectivos en la Ciudad y el Gran Buenos Aires, luego de haber dispuesto algo similar para el interior del país.
En medio del malestar de gobernadores con la Casa Rosada por el recorte de fondos, ayer los rumores sobre esta posible medida comenzaron a circular por los pasillos de Balcarse 50.
De todos modos, se aclaró que todavía no está definido y evitaron dar a conocer a cuánto quedaría el valor del pasaje de colectivo con la eventual medida.
En principio, la gestión libertaria hablaba de reducir en un 35% la subvención al transporte durante el primer año. A su vez, en febrero se resolvió elevar el valor mínimo del boleto en el Amba de $ 76 a $ 270.
En este marco, las cámaras del sector del transporte se quejaron de que los fondos que deben recibir de las arcas estatales actualmente están frenados por el Ministerio de Economía, del cual depende la secretaría de Transporte.