La salida de Marco Lavagna de la conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) no fue un hecho aislado ni meramente administrativo.
Su renuncia, confirmada el lunes 2 de febrero de 2026, se dio en un contexto marcado por la discusión en torno a la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), una reforma metodológica largamente anunciada que debía comenzar a regir este año y que finalmente quedó en suspenso.
Tras dejar el cargo, Lavagna volvió a pronunciarse públicamente sobre el nuevo índice y buscó despejar sospechas. Según explicó, la actualización del IPC no implicaba un cambio sustancial en los resultados finales de la inflación.
“El índice final no va a cambiar mucho”, reiteró, al subrayar que el rediseño tenía un objetivo estrictamente técnico: mejorar la calidad de la medición a partir de una ampliación de la muestra, la actualización de ponderaciones y la adopción de nuevas clasificaciones internacionales.
El ex titular del Indec detalló que la reforma contemplaba duplicar la cantidad de precios relevados y de informantes, además de incorporar divisiones más acordes a los hábitos de consumo actuales, basadas en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018 y la clasificación Coicop 2018. En ese marco, defendió haber anunciado con anticipación los cambios para evitar suspicacias y negó de manera enfática la existencia de presiones políticas durante su gestión.
Sin embargo, Lavagna admitió que el contexto económico y político terminó influyendo en la decisión de postergar la implementación del rediseño de muestras. La salida del cepo cambiario, la aceleración inflacionaria de los últimos meses y el calendario electoral configuraron, según sus propias palabras, un escenario poco propicio para abrir una discusión técnica de alto impacto público.
A ello sumó una advertencia clave: la convivencia de más de un índice en simultáneo podría generar distorsiones en contratos, alquileres y bonos ajustados por inflación, por lo que cualquier transición debía garantizar continuidad y empalme estadístico.
Desde el Ministerio de Economía, fuentes oficiales señalaron que la renuncia fue acordada y en buenos términos, aunque reconocieron que la dinámica inflacionaria influyó en la decisión.
El ministro Luis Caputo sostuvo que el impacto del nuevo índice sobre los resultados sería acotado y confirmó que Pedro Lines, hasta ahora director técnico del organismo, asumirá la conducción del Indec de manera inmediata.
La salida de Lavagna no tardó en generar reacciones. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), su secretario general Rodolfo Aguiar expresó preocupación por el futuro del organismo y reclamó preservar su independencia técnica, una demanda recurrente cada vez que el Indec queda en el centro de la escena política.
En paralelo, las críticas llegaron desde el ámbito económico. Juan Luis Bour, presidente de la Fundación FIEL, calificó la postergación del nuevo IPC como un “error de política económica” y sostuvo que se magnificó un problema técnico que no tenía impacto real ni sobre la inflación ni sobre las expectativas del mercado. En declaraciones radiales, advirtió además sobre un atraso cambiario y cuestionó el uso del dólar como ancla inflacionaria, al considerar que esa estrategia muestra signos de agotamiento.
Bour también puso en duda las proyecciones oficiales: frente a una inflación del 10% prevista en el Presupuesto, estimó que la suba de precios de 2026 rondará el 24%, incluso con la metodología vigente. En ese sentido, relativizó la discusión metodológica al afirmar que un nuevo índice no alteraría de manera significativa el resultado final.
Así, la renuncia de Lavagna dejó al descubierto un debate que excede lo técnico. La demora en la actualización del IPC volvió a poner en foco la credibilidad del principal indicador de precios del país, la delicada relación entre estadística y política económica, y el desafío permanente de garantizar un Indec autónomo en un contexto de alta inflación y tensiones macroeconómicas.
Más allá de los nombres propios, el episodio expone una vez más que medir la inflación en la Argentina sigue siendo, además de un ejercicio técnico, un terreno profundamente político.
Un economista cuestionó la demora en actualizar el índice de inflación y señaló atraso del dólar