Diversos sectores vinculados a las exportaciones salieron a cruzar con dureza ayer la suba de las retenciones que impulsa el Gobierno de Javier Milei dentro de la Ley ómnibus que se discute a velocidad crucero en una comisión bicameral de la Cámara de Diputados.
El más importante fue la Unión Industrial Argentina (UIA), que en el plenario de la cámara advirtió que la iniciativa “representa un sesgo antiexportador” y reclamó que “se revea la medida”. “Desde el sector industrial advertimos la necesidad de incorporar un criterio de competitividad e incentivo a la producción en el esquema de Derechos de Exportación, que no desincentive las exportaciones industriales, lo que llevaría a profundizar aún más las dificultades de divisas y macroeconómicas que enfrenta nuestro país”, indicó el director ejecutivo de la UIA, Diego Coatz, quien solicitó al Gobierno “que se revea la suba al 15% para los complejos industriales exportadores, evitando penalizar el agregado de valor y la salida exportadora”.
“Argentina necesita divisas y para eso una política que fomente las exportaciones”, argumentó Coatz, quien destacó el potencial de la actividad industrial –“genera cerca de un quinto de los puestos de trabajo formales del sector privado (1,2 millones de un total de 6 millones)”, dijo- y advirtió que “5.000 empresas dejaron de exportar en la última década”. “Proponemos una transición hasta mitad de año de retenciones al 6% u 8% para no seguir perdiendo industrias exportadoras”, completó el líder industrial.
También se pronunció el presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), Fernando Landa, quien remarcó que “la propuesta de aumento de derechos (a las exportaciones) no solo contradice las plataformas electorales de las principales fuerzas políticas, incluido el oficialismo, sino que también son llamativas la declaración del propio ministro (de Economía, Luis) Caputo sobre la naturaleza perjudicial de las retenciones para el desarrollo argentino”. La entidad propuso una solución alternativa consistente en evitar la suba de retenciones pero mantenerlas para la soja, maíz, trigo, cebada, girasol y sus derivados, comenzando con una reducción gradual anual.
A su vez, las cinco entidades del Consejo Foresto Industrial Argentino (Confiar) se reunieron con el secretario de Agricultura, Fernando Vilella, para reclamarle por la inclusión de los productos de base forestal en las retenciones del 15% proyectados en la ley. Según indicaron, están en juego miles de puestos de trabajo y millones de divisas: precisaron que 600 empresas de la madera están en riesgo, con 10.500 empleos que podrían perderse.
Las pymes alertan por la crisis
El presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) de Mar del Plata e integrante de la conducción nacional de la entidad, Gustavo Casciotti, advirtió ayer sobre el capítulo laboral del Decreto 70/2023 y de la Ley ómnibus, al rechazar las desregulaciones de la economía.
“Sostenemos y reafirmamos que la pyme y sus trabajadores nunca se beneficiaron con políticas de destrucción de los derechos”, manifestó Casciotti, quien remarcó que “por el contrario, siempre sufrieron en forma conjunta la pérdida de puestos de trabajo y de empleo”.
“Nos encontramos frente a una verdadera pulverización de los salarios y las jubilaciones”, advirtió Casciotti; mientras el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, alertó que la pérdida del poder adquisitivo “golpeará a la producción nacional, que se verá obligada a ajustarse en todos los frentes, con el riesgo latente de cierres de fábricas”.
La CC denunció “cartelización”
La Coalición Cívica (CC) presentó ayer ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) una denuncia por “potencial conducta de cartelización” en el mercado de medicina prepaga por parte de las sociedades que integran la Unión Argentina de Salud (UAS), para incrementar los precios a usuarios y proveedores.
La presentación es a raíz de la “configuración de la práctica anticompetitiva prevista en el inciso a) del Artículo 2 de la Ley 27.422″ de Defensa de la Competencia”, por lo cual “los usuarios se verían expuestos a un potencial incremento de los precios de los planes de medicina prepaga desde la entrada en vigencia del DNU 70/2023 hasta el día de la fecha”, indicó.
Se trata de una “conducta legalmente considerada como restrictiva de la competencia y que produce un perjuicio al interés general”, agregó y argumentó que de esa “habrían participado las principales sociedades que prestan el servicio referido”.