En los últimos días, comenzó a circular una denuncia penal contra el escritor Hernán Casciari, socio gerente de Orsai Audiovisuales, presentada por un grupo de 18 socios productores que habrían invertido en producciones. Precisamente, acusan al escritor porque habría promocionado públicamente inversiones con promesas de rentabilidad que nunca se habrían cumplido y cuyo destino económico aparentemente no fue informado con claridad.
Horas después de conocerse la denuncia, Casciari publicó un video en sus redes sociales para responder a las acusaciones. Junto a su mensaje filtró un código QR con el detalle de gastos, pagos y facturas de los proyectos cuestionados, desarrollados entre 2021 y 2025, y rechazó de plano que haya existido una maniobra fraudulenta.
«Una persona que estafa, o un proyecto que estafa a otras personas, actúa con premeditación. Es absolutamente ridículo que yo, o cualquier persona que trabaje en Orsai, nos hayamos levantado una mañana con la intención de estafar gente», expresó.
El escritor explicó que Orsai es un proyecto autogestivo que lleva a cabo múltiples tareas como la edición de libros, revistas culturales, talleres de escritura, teatro y cine, con siete u ocho producciones funcionando en simultáneo, de las cuales una habría salido mal. También pidió disculpas a quienes invirtieron.
«No supimos hacerlo bien. Creo que durante todo el año 2025 estuve pidiéndoles disculpas a los aportantes, a los socios de ese proyecto, mano a mano, incluso uno por uno. Son personas que de verdad se sienten decepcionadas y frustradas porque esperaban otra cosa de un proyecto. Pero en ningún caso hubo una estafa ni un fraude», dijo.
Qué se denuncia en detalle
Según la denuncia, radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34 y la Fiscalía N.º 16 de la Ciudad de Buenos Aires, Casciari llegó a asegurar públicamente que las inversiones se duplicarían o triplicarían. Los 18 firmantes aportaron entre USD 50 y USD 3.000 cada uno, pero la mayoría obtuvo retornos que no superaron el 3% del capital invertido, y varios no recuperaron un solo dólar.
Otro grupo de aportantes, reunido en el colectivo Productores Organizados, relató casos extremos: una inversión de USD 2.500 derivó en una devolución de USD 56,40, un aporte de USD 850 se tradujo en un retorno de apenas USD 9,87, y hubo saldos de 1,41 dólares acumulados en billeteras digitales que exigen un mínimo de cuatro dólares para poder retirar el dinero.
Proyectos cuestionados
La denuncia abarca producciones como La Uruguaya, Canelones, La muerte de un comediante, Sola en el Paraíso, Cinco Guiones, Emi On Off y D.A.M., un documental sobre Diego Maradona. Los denunciantes sostienen que el sistema se presentó como una forma de producción colectiva sin intermediarios, donde quienes compraban bonos de entre USD 100 y 20.000 pasaban a ser socios productores con derecho a información financiera y una porción de los ingresos.
Entre los reclamos puntuales figura el caso de Canelones, anunciado primero como miniserie de seis capítulos, luego como serie de cuatro episodios y finalmente como película, sin rendiciones diferenciadas por el cambio de formato. También cuestionan La muerte de un comediante, protagonizada por Diego Peretti, donde inversiones de hasta USD 3.000 arrojaron retornos de entre 1 y 84,60 dólares.
Sobre La Uruguaya, que habría recaudado cerca de USD 600.000, los denunciantes afirman que recuperaron el capital tras la venta de derechos para América Latina, pero no recibieron ganancias posteriores pese a anuncios de nuevas ventas internacionales. En el caso de Emi On Off, el proyecto animado sobre Emiliano Martínez, señalan que fue cedido a PEGSA y vinculado a Netflix con un cambio de formato que no fue consultado con los inversores originales.
Respecto de D.A.M., sostienen que la venta de bonos continuó mientras se tramitaban los derechos de imagen, y que Casciari habría dicho públicamente que Orsai Audiovisuales ya no existía y que el proyecto pertenecía a Orsai Tech, pese a que la comercialización seguía activa en el sitio de la firma. Los firmantes pidieron además que la Justicia requiera información a la IGJ, la AFIP, el Banco Central y el Registro Nacional de las Personas, y que se identifiquen las cuentas bancarias de la sociedad y del escritor.
La denuncia también involucraría a figuras públicas que promocionaron las inversiones en redes y programas de comunicación, y pide que Casciari sea convocado a declaración indagatoria cuando la causa avance a esa instancia. Como prueba, los firmantes también habrían aportaron comprobantes de transferencias, correos electrónicos, cartas documento y capturas de billeteras virtuales.