El gremio de los judiciales provinciales se encuentra impulsando un proyecto integral para modificar el reglamento interno de la institución con una perspectiva centrada en las tareas de cuidado. En diálogo con Hoy Día Córdoba, Agostina Noccioli, secretaria adjunta de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), detalló los alcances de esta propuesta que busca actualizar un régimen de licencias que ha quedado notablemente relegado en comparación con el resto del país.
La propuesta original, presentada inicialmente en marzo de 2023, contemplaba una reforma integral para compatibilizar las tareas laborales con las de cuidado de los trabajadores y trabajadoras judiciales. Ante la falta de una respuesta institucional global, el gremio optó por impulsar de manera individualizada cada uno de los institutos que integraban el proyecto original para ir logrando avances paulatinos. Actualmente, el foco principal está puesto en la ampliación de la licencia por paternidad o para la persona no gestante.
«Nosotros estamos pidiendo que empecemos de un piso de 30 días para hablar de una extensión de licencia de cuidado real, en el que la persona realmente pueda dedicarse al cuidado de esa persona que acaba de nacer», explicó Noccioli.
Este reclamo no es un hecho aislado, sino que forma parte de un camino progresivo de conquistas laborales que el gremio viene desandando. Anteriormente, la organización logró avanzar junto al Ministerio Público Fiscal en la implementación de lactarios móviles —dispositivos que se instalan a pedido y se desmontan una vez que finaliza el periodo de lactancia de la trabajadora— y en la eliminación del trabajo nocturno para personas gestantes y en periodo de lactancia en las unidades judiciales y la policía científica.
Hoy en día, la regulación vigente en Córdoba contempla apenas 8 días de licencia por paternidad en caso de convivencia, o tan solo 2 días corridos en caso de no convivir. Esta situación coloca a la provincia muy por debajo de la media nacional. «Córdoba ha quedado muy atrás a nivel provincial, a nivel ejecutivo, a nivel legislativo, y el judicial también ha quedado muy atrás», advirtió la secretaria adjunta, señalando que existen al menos 16 jurisdicciones en el país que otorgan licencias superiores, con provincias que alcanzan los 15, 45 o hasta 60 días.
Uno de los puntos centrales que defiende el gremio es que esta ampliación no representa un obstáculo económico ni operativo para el Poder Judicial. Según relevaron, el universo de beneficiarios es sumamente acotado. «Anualmente en el Poder Judicial de Córdoba no hay más de 30 o 35 licencias por paternidad pedidas, entonces estamos hablando de un universo bastante pequeño», precisó Noccioli.
Al tratarse de un número tan bajo de solicitudes anuales, la medida no requiere de partidas presupuestarias adicionales ni de personal de reemplazo. «No implica gastos presupuestarios para el Poder Judicial de ningún tipo porque no estamos hablando de extensiones de licencia que impliquen un reemplazo, ni que va a mermar el servicio de justicia o la atención al público», aseguró la referente gremial.
Para dimensionar la viabilidad de la propuesta, la secretaria adjunta explicó que las ausencias masculinas más prolongadas suelen estar vinculadas a carpetas médicas por lesiones deportivas o musculares. «Esas muchas veces implican carpetas médicas extendidas; ese es el ámbito de mayor ausencia masculina y no justamente los cuidados», detalló.
Más allá de los números, la iniciativa se fundamenta en la conquista de derechos y en la democratización interna de la institución judicial. «También hay un derecho ahí por parte de ellos a cuidar y un derecho a las familias a que sea más equitativo e igualitario», remarcó la entrevistada, aludiendo a que muchos afiliados varones han manifestado la necesidad de que se les reconozcan plenamente estos días de cuidado. De este modo, la ampliación de la licencia no solo beneficia al trabajador, sino que garantiza el derecho de los recién nacidos a ser cuidados por ambos progenitores.
En ese marco, Noccioli destacó que el Poder Judicial, por su rol en la sociedad, debe funcionar como una institución modelo y ejemplificadora en la conducta social. «Si las sentencias que se emiten están hablando de esta tendencia, de esta necesidad de la sociedad de mirar con perspectiva de cuidado los roles, no hay razón por la cual la institución hacia adentro no aplique también la misma perspectiva», argumentó.
La democratización de la justicia empieza por casa. Con un diálogo abierto con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y expectativas optimistas, desde el gremio confían en que Córdoba dará este paso histórico. «El Estado cordobés tiene que avanzar en ese sentido y el Poder Judicial debería estar de punta de lanza como para comenzar también, y que después se pueda modificar el régimen para el resto de la provincia», concluyó Noccioli, recordando que en otras instancias, como el concurso para ocupar cargos, Córdoba ha estado a la vanguardia y marcó tendencia.