La Arquidiócesis de Córdoba, junto a la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (CADEPRIS), organizaciones del sector, familias y profesionales, advirtió sobre la profunda crisis que atraviesa el sistema de atención a las personas con discapacidad y reclamó respuestas urgentes frente al desfinanciamiento que afecta la continuidad de las prestaciones esenciales.
La preocupación fue planteada tras un encuentro convocado por la Vicaría de los Pobres y la Pastoral de la Salud, donde referentes e instituciones coincidieron en que la situación ya excede el plano económico y constituye una verdadera crisis humanitaria, con consecuencias directas sobre la salud, la dignidad y la calidad de vida de miles de personas.
Por su parte, el diácono Hernán Carranza, responsable de la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Córdoba, explicó a Hoy Día Córdoba que la reunión estuvo marcada por el testimonio de familias y prestadores «al límite de sus posibilidades de sobrevida institucional».
«Comprendemos la enorme frustración y el desgaste físico y emocional que describen las familias. Cuando el Estado no responde, el entorno familiar se ve obligado a asumir batallas burocráticas y legales agotadoras, alterando profundamente su dinámica natural de afecto y cuidado», señaló.
Carranza sostuvo que uno de los aspectos más dolorosos que surgió durante el encuentro fue el cambio forzado del rol de las familias. «Las familias compartieron el cansancio profundo al verse obligadas a abandonar su rol de contención afectiva para transformarse en guerreros frente a un sistema que invisibiliza sus reclamos. Pero lo más grave es que este abandono termina desdignificando a las personas y dejando en el desamparo a miles de vidas», afirmó.
En el mismo sentido, advirtió que la crisis también golpea a los profesionales y a las instituciones prestadoras, que enfrentan una creciente precarización por la demora en los pagos y remarcó: «No se trata solamente de un desfinanciamiento. Se trata de una desatención sistemática que lastima la dignidad de las personas y desconoce su valor infinito».
«Cultura del descarte»
El comunicado difundido tras la reunión denuncia la consolidación de una «cultura del descarte», una expresión que, según Carranza, tiene manifestaciones muy concretas en la vida cotidiana y sobre la que explicó: «Las víctimas tienen rostro, nombre y apellido. No hablamos de números, hablamos de personas con un alto nivel de vulnerabilidad que dependen de otros para sobrevivir».
Entre las consecuencias más graves mencionó la regresión en los tratamientos por la interrupción de terapias, el deterioro de la salud física debido al retraso en la entrega de medicamentos, prótesis e insumos, el aumento del aislamiento social y la vulneración de derechos básicos.
También describió el fuerte impacto sobre los grupos familiares: «El rol del familiar que ama y cuida es desplazado por el de gestor de crisis y litigante permanente. Ese estrés crónico genera ansiedad, depresión, enfermedades físicas y una enorme precarización económica por los gastos que las familias deben afrontar de su propio bolsillo».
La situación financiera de los prestadores constituye uno de los principales focos de preocupación. Según se informó, el Gobierno Nacional mantiene un atraso crítico en los pagos del programa Incluir Salud y, a las puertas de julio de 2026, recién comenzó a cancelar prestaciones correspondientes a enero.
Esta demora impide afrontar salarios y aguinaldos de los trabajadores, compromete la continuidad de las terapias y pone en riesgo la sostenibilidad de numerosas instituciones. A su vez, los prestadores cuestionan que se exijan nuevos requisitos administrativos para renovar convenios sin haber regularizado previamente las deudas existentes.
El compromiso de la Iglesia
Frente a este escenario, la Iglesia de Córdoba reafirmó su decisión de acompañar a las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que sostienen las prestaciones. Carranza explicó que la Arquidiócesis busca actuar como puente de diálogo entre los distintos actores sociales, impulsando mesas de trabajo junto a familias, prestadores y organizaciones para visibilizar la problemática y respaldar los reclamos. «Los pobres y los más frágiles son el centro del Evangelio. Queremos acompañar y servir desde una mirada viva del Evangelio que se hace carne en quienes hoy viven una realidad de sufrimiento desatendida», expresó.
En esa línea, sostuvo que la Iglesia continuará exigiendo al Estado que garantice la sostenibilidad de las prestaciones esenciales y denunció las políticas que profundizan la exclusión de los sectores más vulnerables.
Además, destacó el esfuerzo que realizan distintas obras eclesiales para sostener la atención pese a las dificultades económicas. «El Cottolengo Don Orione, una de las obras más importantes de la Iglesia en discapacidad, continúa prestando servicios casi sin presupuesto y también atraviesa una situación de enorme riesgo. Lo mismo ocurre en muchas parroquias y colegios, donde se acompaña y contiene a familias que están viviendo esta coyuntura crítica y deshumanizante», concluyó.
Por la crisis habitacional, aumentó el número de personas en situación de calle