La histórica crisis de SanCor sumó un nuevo capítulo. Tras cumplirse el plazo de 60 días establecido por la Justicia luego de la declaración de quiebra, 736 trabajadores fueron formalmente desvinculados de la cooperativa láctea, una de las empresas más emblemáticas del sector en Argentina.
La medida afecta a la mayor parte de los 914 empleados que permanecían activos al momento de decretarse la quiebra. Según trascendió, los trabajadores comenzaron a recibir las notificaciones correspondientes para acceder a las indemnizaciones previstas en el proceso judicial.
De esta manera, solamente 178 empleados continuarán vinculados a las tareas operativas y administrativas que aún se desarrollan en algunas plantas de la firma mientras avanza el expediente.
Qué plantas seguirán funcionando
El personal que continuará desempeñando funciones se distribuye entre distintas sedes de la cooperativa.
La planta de Sunchales concentra la mayor cantidad de trabajadores, con 101 empleados. Le siguen Gálvez (19), Devoto (12), Balnearia (10) y las localidades de La Carlota y San Guillermo, con seis trabajadores cada una, además de personal asignado a otras áreas operativas.
La reducción de personal refleja la profunda crisis que atraviesa la empresa, que durante décadas fue uno de los principales actores de la industria láctea nacional.
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Avanza la venta de los activos
En paralelo a las desvinculaciones, continúa el proceso de liquidación de los bienes de SanCor.
La operación contempla la venta de seis plantas industriales, marcas comerciales y otros activos pertenecientes a la cooperativa. Las estimaciones judiciales ubican el valor total de estos bienes en torno a los 55 millones de dólares.
El avance de la liquidación genera preocupación entre trabajadores, productores y acreedores, quienes sostienen que existen alternativas para mantener la actividad productiva y preservar puestos de trabajo.
Acreedores denuncian irregularidades
Mientras se desarrolla el proceso de quiebra, un grupo que reúne a más de 1.000 acreedores presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para solicitar un jury de enjuiciamiento contra el juez Marcelo Gelcich, a cargo de la causa.
Los representantes del denominado Consorcio de Acreedores de SanCor cuestionan distintos aspectos del proceso judicial. Entre ellos mencionan una supuesta subvaluación de los activos, la gestión de bienes intangibles como la marca SanCor y el rechazo de una propuesta de salvataje que, según afirman, fue presentada apenas minutos después de la declaración de quiebra.
Además, sostienen que el reciente incendio ocurrido en la planta de Sunchales derivó en una reducción del valor de tasación de algunos bienes, decisión que consideran perjudicial para los acreedores.
Una disputa que excede a la empresa
Los acreedores, junto con productores tamberos y otros actores vinculados a la cooperativa, impulsan una alternativa para evitar el remate de los activos. La propuesta contempla la creación de una nueva estructura societaria con participación de inversores privados y de trabajadores, productores y proveedores.
Según sus impulsores, el objetivo es preservar la capacidad productiva de la empresa y evitar el desmantelamiento de una firma que durante décadas tuvo un papel central en las economías regionales de Santa Fe y Córdoba.
La definición del proceso judicial será clave para determinar si SanCor avanza hacia una liquidación definitiva o si aún existe margen para un esquema de recuperación productiva.
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