La informalidad laboral continúa avanzando en Argentina. Durante el primer trimestre de 2026, la tasa de empleo no registrado llegó al 44,2%, el valor más alto de los últimos años, según un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec.

El indicador mostró un aumento de 2,2 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2025 y una suba de 3,4 puntos en comparación con el primer trimestre de 2023. De esta manera, más de cuatro de cada diez personas ocupadas trabajan sin acceso a aportes jubilatorios, cobertura de salud vinculada al empleo, licencias pagas ni otros derechos laborales.

El estudio señala que, si bien la tasa de desocupación se ubicó en 7,8%, prácticamente sin cambios respecto de un año atrás, otros indicadores reflejan un deterioro en la calidad del empleo.

Entre ellos, sobresale la evolución de los trabajadores registrados y no registrados. Mientras la cantidad de ocupados con descuento jubilatorio cayó 2% interanual, la población ocupada sin descuento jubilatorio aumentó 5% en el mismo período.

Según el informe, este comportamiento evidencia una creciente participación de formas laborales más precarias dentro del mercado de trabajo. En números absolutos, la cantidad de personas ocupadas sin aportes previsionales pasó de 3,49 millones a 3,67 millones en un año.

En términos concretos, la informalidad implica que millones de trabajadores quedan fuera de los principales mecanismos de protección laboral. Al no realizar aportes previsionales, ven afectada su futura jubilación y acumulan menos años de contribuciones al sistema. Además, suelen carecer de cobertura de salud vinculada al empleo, licencias por enfermedad, vacaciones pagas, aguinaldo e indemnización en caso de despido.
La situación también genera una mayor vulnerabilidad económica frente a imprevistos. Ante una enfermedad, un accidente o una caída de la actividad, quienes trabajan en la informalidad suelen perder ingresos de manera inmediata y cuentan con menos herramientas para sostener su nivel de vida.
Desde una perspectiva más amplia, el crecimiento del empleo no registrado también impacta sobre el sistema previsional y la seguridad social, ya que reduce la cantidad de aportes que ingresan al Estado para financiar jubilaciones, prestaciones de salud y otros programas de protección social.

Menos empleo registrado y más monotributistas

El trabajo también analiza la evolución del empleo desde fines de 2023. De acuerdo con datos de la Secretaría de Trabajo citados por CEPA, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 se perdieron 216.321 empleos privados registrados, mientras que se incorporaron 165.542 nuevos monotributistas.

El informe plantea que una parte de los puestos asalariados formales fue reemplazada por actividades independientes o de menor nivel de protección social.

Además, sostiene que los indicadores agregados de ocupación pueden ocultar cambios relevantes en la composición del mercado laboral, ya que una parte del crecimiento del empleo se concentra en modalidades de inserción más vulnerables.

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Plataformas digitales y medición del empleo

El informe también pone el foco en el crecimiento de las plataformas digitales de reparto, transporte y servicios, y en cómo estas nuevas modalidades laborales impactan sobre las estadísticas oficiales. Según la metodología utilizada por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), una persona es considerada ocupada si trabajó al menos una hora durante la semana previa al relevamiento.

Esto implica que quienes realizan algunos viajes para aplicaciones de transporte, entregas mediante plataformas de reparto o tareas ocasionales a través de aplicaciones pueden ser contabilizados como trabajadores ocupados, aun cuando esa actividad represente ingresos insuficientes para sostenerse económicamente o no constituya una fuente de empleo estable.

De acuerdo con el análisis de CEPA, este fenómeno funciona como un «amortiguador estadístico» del desempleo. Personas que perdieron un empleo formal o que no logran acceder a un trabajo estable pueden recurrir rápidamente a estas plataformas para generar ingresos, evitando así ser registradas como desocupadas en las mediciones oficiales.

El informe sostiene que esta situación no implica necesariamente una mejora en las condiciones laborales. Por el contrario, advierte que muchas de estas actividades suelen desarrollarse sin estabilidad de ingresos, sin cobertura frente a accidentes laborales, sin licencias pagas y sin aportes previsionales, lo que las acerca a formas de empleo más precarias.

Además, señala que detrás de una tasa de desempleo relativamente estable puede existir una realidad más compleja, caracterizada por trabajadores que mantienen algún nivel de actividad económica pero que continúan buscando mejores oportunidades laborales o más horas de trabajo para alcanzar ingresos suficientes.

El desafío no es solo medir cuántas personas trabajan, sino también bajo qué condiciones lo hacen y si esos ingresos alcanzan para garantizar una inserción laboral sostenible.

Aumentó la subocupación

El informe también registró un crecimiento de la subocupación, es decir, de las personas que trabajan menos de 35 horas semanales y desean trabajar más tiempo. La tasa pasó de 10% a 11,1% en la comparación interanual.

Por otra parte, la denominada presión sobre el mercado de trabajo, que reúne a desocupados, subocupados y ocupados que buscan otro empleo, aumentó 3,5% respecto al primer trimestre de 2025.

En este contexto, el estudio concluye que el principal cambio observado en el mercado laboral argentino durante los últimos años no se encuentra en la evolución del desempleo abierto, sino en el crecimiento de las ocupaciones informales y en la pérdida de peso del empleo registrado.

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Por qué hay informalidad en Argentina

El fenómeno de la informalidad laboral no afecta de manera uniforme a toda la economía. Así lo señala el informe «Informalidad laboral en micro y pequeñas empresas», elaborado por el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), un consorcio académico integrado por la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR).

Según el estudio, algunos sectores registran niveles especialmente elevados de empleo no registrado. El caso más extremo es el del servicio doméstico, donde la informalidad alcanza al 79,8% de los trabajadores asalariados. Le siguen la construcción, con una tasa del 68,8%, los hoteles y restaurantes, con 55,9%, y el comercio, con 45,3%.

Los investigadores advierten que detrás de estos porcentajes conviven situaciones muy diferentes. En algunos casos, la falta de registración responde a estrategias empresariales orientadas a reducir costos laborales. En otros, está vinculada a problemas estructurales de productividad, dificultades para acceder al financiamiento o limitaciones para sostener la actividad económica en contextos de inestabilidad.

Un fenómeno con múltiples causas

El trabajo sostiene que no toda la informalidad puede explicarse por las mismas razones. Una parte importante está conformada por microempresas de subsistencia que operan fuera del sistema formal y enfrentan obstáculos para crecer, acceder al crédito o incorporar tecnología. Para este segmento, la formalización no depende únicamente de una reducción de costos laborales, sino también de políticas productivas que mejoren su capacidad de generar ingresos y sostener empleo registrado.

Al mismo tiempo, el estudio identifica otro grupo compuesto por empresas formalmente constituidas que mantienen trabajadores sin declarar. En estos casos, los especialistas destacan la importancia de fortalecer los sistemas de fiscalización y el intercambio de información entre organismos estatales para detectar inconsistencias entre facturación, aportes previsionales y nómina salarial.

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La construcción, entre los sectores más afectados

El informe dedica una atención especial a la construcción, una actividad históricamente asociada a la generación de empleo. Allí, casi siete de cada diez trabajadores asalariados se desempeñan en condiciones de informalidad.

Según los autores, una de las principales dificultades radica en las extensas cadenas de subcontratación que caracterizan al sector. Esta estructura fragmentada dificulta los procesos de control y regularización, por lo que el estudio plantea la necesidad de implementar mecanismos específicos de fiscalización sobre contratistas y subcontratistas para avanzar en la reducción del empleo no registrado.