A través del Ministerio de Capital Humano, el Gobierno nacional salió a cruzar ayer el paro nacional convocado por los gremios no-docentes y docentes de las universidades nacionales para el miércoles, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (N.º 27.795), que establece la actualización automática por la inflación oficial del presupuesto universitario y de los salarios docentes y no-docentes.
El comunicado de Pettovello
En un comunicado, la cartera que lidera Sandra Pettovello calificó a la protesta como de “carácter político”, al aseverar que la próxima reunión paritaria está establecida para el 1 de septiembre, lo que a su parecer le quitaría sentido a la huelga.
La cartera señaló que la reunión paritaria “fue pactada conforme al cronograma oportunamente establecido” y destacó el accionar del área educativa estatal.
“A través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, se ha actuado en todo momento en estricto cumplimiento de la normativa vigente y en los términos dispuestos por la Justicia”, subrayó el Ministerio.
Ante ello, el Ejecutivo cuestionó con dureza la medida de fuerza ratificada por los sindicatos para el 12 de agosto. “El paro anunciado constituye una medida de carácter político y no responde a un reclamo genuino, toda vez que no existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional”, concluyó el texto oficial.
El acuerdo de junio
La referencia de la cartera de Pettovello tiene que ver con el acuerdo sellado en junio pasado con la mayoría de las organizaciones gremiales universitarias.
El entendimiento contempló una recomposición del 21,33% para los salarios de docentes y no-docentes, aunque la pérdida acumulada desde el inicio del Gobierno de Javier Milei supera el 50%.
Pero además, el acuerdo se selló antes de que la Corte Suprema de Justicia respaldara la medida cautelar que obliga al Estado a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, que ordena recomponer los salarios docentes y no-docentes, así como el presupuesto de funcionamiento de las universidades y las becas estudiantiles, siguiendo el índice oficial de inflación.
La sentencia fue ratificada la semana pasada por la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con que el Ejecutivo se quedó sin instancias para recurrir la medida. Para empezar a cumplir la Ley 27.795, sin tener en cuenta los retroactivos, el Gobierno debería haber aumentado en agosto al menos un 30% los salarios, becas y presupuesto de funcionamiento de las casas de estudio, que es justamente lo que reclaman los gremios.
Al contrario, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) sobre el ajuste del gasto público en julio reveló que las transferencias a universidades nacionales se desplomaron 99% en términos reales el mes pasado.
Las medidas de protesta
La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun, no-docentes) impulsa un paro nacional de 24 horas para el próximo miércoles, al que se adhirieron los gremios docentes nucleados en Conadu Histórica y la Conadu, que representa la mayor federación de los gremios docentes de todo el país.
Por su parte, la Conadu Histórica sumó su propio plan de paros desde el martes 18 hasta el sábado 22 de agosto; mientras que Conadu definió este lunes su propio plan de lucha en un plenario de secretarios y secretarias generales, que contó con la participación de 31 gremios docentes de todo el país.
“A casi 300 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno de Javier Milei, la Conadu definió jornadas de protesta con acciones de paro y visibilización para el 12 de agosto y un paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto. También, se definió el relanzamiento de las ‘Carpas por la Universidad y la Soberanía’ frente al Palacio Pizzurno y en todo el país entre el 18 y el 21 de agosto”, informó la federación universitaria nacional.
“Mientras estábamos en el plenario, el Gobierno convocó a paritarias el 1 de septiembre. Nos llama ‘terroristas’ pero atenta contra la ley desde hace casi 300 días, porque no cumple ni lo que votó el Congreso, ni la medida cautelar, ni lo que firmó el 10 de junio sobre gastos de funcionamiento. El segundo semestre comienza con medidas de fuerza y de protesta que se irán profundizando”, aseguró la secretaria general de Conadu, Clara Chevalier.
