La Asociación de Bibliotecarios de Córdoba (ABC) se declaró en estado de alerta y reclamo permanente ante lo que considera un proceso sostenido de «desmantelamiento» de las bibliotecas escolares dentro del sistema educativo provincial. El conflicto sumó un nuevo capítulo a partir de la emisión del Memorándum Conjunto N° 13/2026 del Ministerio de Educación de Córdoba, firmado el pasado 21 de agosto por el secretario de Educación, Luis Sebastián Franchi, y la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine.
La disposición instruye a los directivos de los establecimientos a “optimizar todos los recursos humanos disponibles”, entre ellos bibliotecarios, preceptores y coordinadores, para garantizar la permanencia y el cuidado de los estudiantes ante inasistencias imprevistas de los docentes.
Desde la ABC cuestionaron la medida al considerar que desnaturaliza la función pedagógica de los bibliotecarios y los reduce a “meros cuidadores de cursos o personal de guardia”. En diálogo con este medio, el presidente de la entidad, José Luis Díaz, sostuvo que la normativa refleja una concepción del bibliotecario ligada a la “contención de baches institucionales” en lugar de a la promoción del aprendizaje.
Sin embargo, Díaz explicó que el término “optimizar” utilizado en el memorándum también se traduce, según la interpretación de la entidad, en la redistribución de bibliotecarios entre establecimientos. El problema, señaló, aparece cuando son trasladados a escuelas donde no existe un cargo de bibliotecario disponible, por lo que terminan realizando tareas administrativas en lugar de desarrollar sus funciones específicas.
Según indicó el dirigente, la asociación presentó un rechazo formal ante el Ministerio de Educación y reclamó el respeto del Estatuto de la Docencia Media, Especial y Superior. Si bien las autoridades educativas retrocedieron parcialmente en la aplicación de la medida luego de las gestiones gremiales, la autorización de retiros anticipados quedó sujeta a la decisión de cada escuela. Sin embargo, Díaz remarcó que el conflicto de fondo continúa: la falta de cargos y de insumos para el funcionamiento de las bibliotecas.
Menos cargos y vacantes sin cubrir
De acuerdo con el relevamiento propio realizado por la ABC entre sus asociados, el problema comenzó a profundizarse en 2021, cuando surgieron las primeras señales sobre el cierre de la carrera terciaria de Bibliotecología que se dictaba en Villa María. El proceso finalmente se concretó en marzo de 2026, según explicó Díaz. Aunque la Universidad Nacional de Córdoba, a través de la Facultad de Filosofía y Humanidades, mantiene la formación universitaria en Bibliotecología, el dirigente señaló que el cierre de la propuesta terciaria redujo las alternativas de formación profesional dentro de la provincia.
A partir de 2022, la entidad comenzó a registrar la falta de publicación de cargos vacantes y la reconversión de puestos de bibliotecarios en coordinaciones de curso o vicedirecciones dentro del área de institutos privados de enseñanza.
Los datos recopilados por la organización muestran una disminución en las convocatorias públicas para coberturas titulares y suplentes en la provincia. En 2022 se publicaron 56 cargos, mientras que en 2023 la cifra bajó a 30. En 2024 hubo una recuperación hasta 39 cargos, pero en 2025 volvió a descender, con 32. En lo que va de 2026, el registro de la asociación contabiliza ocho cargos abiertos en todo el territorio provincial.
Para Díaz, esta situación responde a un “congelamiento de vacantes”. Según explicó, cuando un bibliotecario se jubila, el cargo puede no ser repuesto y la función termina cubriéndose provisoriamente mediante personal en tareas pasivas o a través de una reasignación de horas institucionales.
El dirigente sostuvo que esta dinámica también repercute sobre los espacios físicos destinados a las bibliotecas. Según denunció, algunas escuelas secundarias y primarias cerraron sus bibliotecas o las transformaron en depósitos y aulas comunes, mientras que parte del material bibliográfico quedó almacenado en armarios de las direcciones, sin posibilidades de circulación y uso pedagógico.
Díaz también señaló que la solicitud de audiencia presentada ante la gestión del ministro de Educación, Horacio Ferreyra, fue archivada sin que se concretara una instancia de diálogo con la asociación.
Más que un lugar para guardar libros
Para la ABC, el problema no se limita a la cantidad de cargos. Díaz sostiene que también existe una falta de definición sobre qué lugar ocupan las bibliotecas dentro de las políticas educativas provinciales. “El bibliotecario no está dotado de política pública, no está dotado de materiales actualizados de bibliografía”, afirmó. Según explicó, las bibliotecas escolares no deberían funcionar únicamente como espacios donde se almacenan y prestan libros, sino como ámbitos de trabajo pedagógico articulados con el resto de la escuela.
En ese sentido, cuestionó que los bibliotecarios no sean considerados “pares pedagógicos” de los docentes. La tarea, sostuvo, puede incluir el trabajo conjunto con profesores de Lengua, Matemática, Biología y otras áreas, además de proyectos de lectura, alfabetización informacional, actividades interdisciplinarias y la articulación entre materiales impresos y recursos digitales.
Díaz también cuestionó la falta de una planificación específica para las bibliotecas escolares dentro de las políticas educativas provinciales. Según señaló, el programa Transformar Córdoba, uno de los principales ejes del Ministerio de Educación, no establece una línea de trabajo específica para estos espacios ni contempla, de acuerdo con su análisis, una política de equipamiento, actualización bibliográfica o articulación entre las bibliotecas de las distintas escuelas. “Lo que se necesita es que haya un plan, una guía”, sostuvo.
El dirigente también cuestionó que algunas iniciativas vinculadas con la lectura no formen parte de una planificación integral del Ministerio. Mencionó, por ejemplo, la Maratón Nacional de la Lectura, organizada por Fundación Leer, y señaló que no existe una planificación anual que articule las actividades de las bibliotecas escolares de toda la provincia.
El planteo adquiere especial relevancia frente a la reciente distribución de libros en las escuelas. Díaz cuestionó qué ocurrirá con ese material si no hay profesionales encargados de organizarlo y ponerlo en circulación. Según relató, en algunas instituciones los libros terminan guardados en armarios de las direcciones o secretarías, mientras que las bibliotecas son cerradas, transformadas en aulas o utilizadas como depósitos.
El reclamo previsional
A la falta de nombramientos se suma otro reclamo vinculado con el régimen previsional. Según precisó Díaz, los bibliotecarios escolares perciben el ítem salarial correspondiente al estado docente, pero son encuadrados como personal administrativo al momento de acceder a la jubilación. De acuerdo con el planteo de la asociación, esta situación implica que deben aportar durante 30 años, frente a los 25 años establecidos para los docentes frente al aula.
La ABC reclama además que se reconozca formalmente la dimensión pedagógica de la tarea que desarrollan los bibliotecarios, en particular en áreas como la alfabetización informacional, la mediación lectora y el acompañamiento de proyectos con los alumnos. Para la entidad, ese reconocimiento debería contemplar lo establecido por la Ley de Educación Nacional N° 26.206.
Por el momento, el reclamo administrativo presentado por la asociación ante la cartera educativa provincial no recibió una respuesta oficial, según indicó Díaz. Mientras tanto, la entidad reclama la apertura inmediata de las Listas de Orden de Mérito (LOM) para cubrir los cargos vacantes y sostiene que las bibliotecas deben conservar su función como espacios pedagógicos y de acceso a la información dentro de las comunidades educativas.
