El conflicto por el transporte de pasajeros a través de plataformas digitales sumó un nuevo capítulo de tensión en la ciudad de Córdoba. El Sindicato de Conductores de Taxis de Córdoba (SCTC) formalizó un pedido ante las autoridades municipales para que se bloquee y se dé de baja de manera inmediata a la aplicación DiDi. Según denunció el sector, la empresa opera bajo una «informalidad absoluta» y viola sistemáticamente la ordenanza 13.549, sancionada el año pasado para regular este tipo de servicios.
Claudio López, secretario general del gremio, explicó que la presentación apunta directamente al incumplimiento del artículo N.º 4 de dicha normativa. Este apartado exige requisitos obligatorios para las empresas de transporte privado, tales como la inscripción ante el ARCA y Rentas, la constitución de un domicilio legal en la ciudad y la presentación de seguros específicos.
“Todo eso lo violan sistemáticamente, a diferencia de otras aplicaciones como Uber y Cabify, que sí completaron la documentación correspondiente y están trabajando en regla”, contrastó el dirigente sindical.
Conductores sin control y vehículos de 25 años de antigüedad
Uno de los ejes más preocupantes de la denuncia radica en el «alto riesgo» y la desprotección a la que se expone a los usuarios debido a la falta de filtros de la plataforma. Desde el sindicato advirtieron que DiDi no solicita a sus choferes la licencia de conducir profesional, el seguro contra terceros transportados, ni documentación crítica como los certificados de buena conducta, de morosos alimentarios y de integridad sexual. «Entramos en un terreno complejo; necesitamos garantizar que el usuario viaje seguro y que quien maneja no tenga antecedentes penales», enfatizó López.
A la par de la seguridad jurídica, el gremio alertó sobre el estado de la flota que circula por las calles cordobesas a través de esta app. Mientras que la ordenanza vigente —consensuada en su momento con directivos de otras aplicaciones— estipula un límite estricto de 10 años de antigüedad con su correspondiente Inspección Técnica Vehicular (ITV), se detectó que DiDi permite trabajar con autos de hasta 25 años, elevando exponencialmente el riesgo de accidentes por fallas mecánicas.
Crisis y sobreoferta en el peor semestre de la década
Esta presentación judicial y administrativa se da en el marco de una crisis severa para los taxistas, a los que López define como «micro PYMES«. El sector viene sufriendo el impacto de los fuertes incrementos en los costos de mantenimiento, las patentes de ARCA y las pólizas de las compañías de seguros.
De acuerdo con el balance del sindicato, el primer tramo del año consolidó una caída histórica de la actividad de entre el 6% y el 7%, posicionándose como uno de los peores primeros semestres de los últimos 10 años. Desde el gremio vinculan este desplome a la recesión económica y a una alarmante sobreoferta en el transporte, alimentada por personas que, ante la pérdida de empleo formal, se vuelcan masivamente a realizar viajes de manera precarizada, poniendo al sistema al borde del colapso.