En medio de una creciente tensión por el control del espacio público, vecinos de barrio General Paz convocaron a una concentración para este jueves 28 de mayo a las 19 en la intersección de 24 de Septiembre y Esquiú. La protesta surge como respuesta al conflicto generado por la implementación del nuevo Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM), los constatadores y la permanencia de los llamados “naranjitas” en las calles.
Para muchos habitantes del barrio, el nuevo esquema representa un cambio profundamente perjudicial. Laura, vecina de la zona, expresó en diálogo con Hoy Día Córdoba su malestar por lo que considera una falta de escucha por parte de las autoridades municipales.
“Sentimos un abuso de poder increíble de parte del Gobierno de Córdoba, porque en vez de escucharnos hizo todo lo contrario. A esta misma gente que ha tenido problemas y que estaba extorsionando al ciudadano, ahora la uniforman para cobrar el estacionamiento”, cuestionó.
La mujer también advirtió sobre el impacto económico que el sistema tendría para trabajadores, inquilinos y comerciantes de General Paz. “Hay gente que trabaja acá y no va a poder pagar 400 mil o 500 mil pesos por mes para estacionar su auto”, señaló.
En ese contexto, explicó que muchos conductores comenzaron a buscar lugares alternativos donde todavía no se aplica el estacionamiento tarifado. “La gente está tratando de estacionar en otros lugares porque está totalmente en contra de pagar esto”, afirmó.
Laura sostuvo además que el reclamo vecinal contra los “naranjitas” viene desde hace años y aseguró que la implementación del SEMM agravó el conflicto en lugar de resolverlo.
“Entendemos que las tareas de seguridad y control le corresponden al Estado. No debería haber personas extorsionando a vecinos o conductores para cobrar estacionamiento. Y sentimos que, en lugar de escucharnos, hicieron todo lo contrario”, expresó la vecina, quien además aseguró que la situación vulnera “derechos vinculados tanto a la seguridad como a la higiene urbana”.
Por último, también mencionó otros problemas que afectan al barrio, como la inseguridad y la acumulación de basura en distintos sectores. “No se está cumpliendo ni en higiene ni en seguridad. Los vecinos sentimos que los problemas se siguen agravando”, concluyó.
Reclamos contra el sistema
La ofensiva vecinal no se limita a la protesta callejera, sino que incluye una estrategia legal coordinada mediante dos documentos fundamentales que están siendo firmados por cientos de personas. Por un lado, se ha redactado una nota dirigida al Viceintendente Javier Pretto y al Concejo Deliberante, en la cual se solicita la derogación inmediata de la Ordenanza N° 13.645
En este escrito, los ciudadanos denuncian que la norma fue sancionada «de espaldas a la ciudadanía» y exigen la convocatoria a una Consulta Popular obligatoria para que el pueblo decida sobre el uso del espacio público. Los firmantes argumentan que el sistema actual no reordena el tránsito, sino que actúa como una herramienta de asfixia impositiva encubierta
De manera simultánea, los vecinos han interpuesto un reclamo administrativo ante el Intendente Daniel Passerini exigiendo la exclusión expresa del Barrio General Paz del mapa de cobertura del SEMM. Esta petición resalta que el barrio posee una dinámica residencial y comercial de cercanía que se ve destruida por un régimen punitivo de cobro.
El documento enfatiza la vulneración de los derechos del vecino frentista, señalando que familias que habitan en edificios sin cochera ahora son penalizadas por estacionar frente a sus propios hogares. Los vecinos sostienen que la medida carece de justificación técnico-urbanística y posee un fin meramente recaudatorio que pone en riesgo la paz social y el desarrollo económico local.
Un sistema bajo la lupa
Junta de firmas
En paralelo a la movilización física, una petición impulsada en la plataforma Change.org por los vecinos Verónica y Marcelo ganó un fuerte impulso y reunió más de 400 firmas en menos de dos días. La iniciativa reclama la anulación del sistema al considerar que la tranquilidad del barrio residencial se vio alterada.
Entre las principales críticas, los vecinos señalan que la tarifa representa una carga económica difícil de afrontar, especialmente para jubilados y personas que viven en departamentos sin cochera. También expresan preocupación por la inseguridad, ya que aseguran que el municipio no asume responsabilidad en caso de daños o robos de vehículos estacionados. A esto se suma la denuncia de que todavía existirían cobros informales realizados por personas con uniforme oficial.
“Las decisiones municipales deberían reflejar los intereses de quienes han echado raíces aquí”, sostiene el documento difundido en la petición, que además reclama medidas que garanticen seguridad y justicia económica para los residentes. La movilización de esta noche busca convertirse en un llamado de atención para que las autoridades reconsideren una medida que, según los vecinos, afecta profundamente el bienestar de la comunidad.
