En el marco de una creciente tensión por el control del espacio público, residentes del Barrio General Paz organizaron una concentración masiva para el día de hoy, jueves 28 de mayo de 2026. La convocatoria surge como una respuesta de unidad frente al conflicto con los constatadores, naranjitas y el SEMM (Servicio de Estacionamiento Medido).
La jornada de protesta se realizará este jueves desde las 19 en la intersección de 24 de Septiembre y Esquiú. Desde la organización convocaron a los asistentes a llevar pancartas y banderas argentinas.
Para los habitantes de Barrio General Paz este cambio es profundamente perjudicial. Laura, vecina del barrio, expresó en dialógo con Hoy Día Córdoba su frustración ante lo que considera una falta de escucha por parte de las autoridades. «Sentimos un abuso de poder increíble de parte del gobierno de Córdoba, porque en vez de escucharnos hizo todo lo contrario. A esta misma gente que ha tenido problemas, que está extorsionando al ciudadano, ahora los uniforman para cobrar el estacionamiento», expresó.
Laura denunció que el sistema agrava los problemas de inseguridad y falta de higiene en un barrio ya afectado por basurales y contenedores desbordados Además, advirtió sobre el impacto económico: «Hay gente que trabaja acá y no va a estar pagando 400.000 o 500.000 pesos por mes para estacionar su auto» Según su visión, los derechos de los ciudadanos están siendo vulnerados: «Los mismos delincuentes ahora quieren ponernos multas… Es totalmente un fraude, una decepción total»
Malestar en el barrio
En paralelo a la movilización física, una petición impulsada en la plataforma Change.org por los vecinos Verónica y Marcelo ganó un fuerte impulso y reunió más de 400 firmas en menos de dos días. La iniciativa reclama la anulación del sistema al considerar que la tranquilidad del barrio residencial se vio alterada.
Según sostienen los impulsores, aunque el objetivo oficial era eliminar a los “naranjitas”, actualmente estos trabajadores continúan operando como empleados municipales que escanean patentes y emiten multas, modificando la dinámica cotidiana de la zona.
Entre las principales críticas, los vecinos señalan que la tarifa representa una carga económica difícil de afrontar, especialmente para jubilados y personas que viven en departamentos sin cochera. También expresan preocupación por la inseguridad, ya que aseguran que el municipio no asume responsabilidad en caso de daños o robos de vehículos estacionados. A esto se suma la denuncia de que todavía existirían cobros informales realizados por personas con uniforme oficial.
“Las decisiones municipales deberían reflejar los intereses de quienes han echado raíces aquí”, sostiene el documento difundido en la petición, que además reclama medidas que garanticen seguridad y justicia económica para los residentes. La movilización de esta noche busca convertirse en un llamado de atención para que las autoridades reconsideren una medida que, según los vecinos, afecta profundamente el bienestar de la comunidad.
