El lunes 22, el Juzgado Federal N°2 de San Martín declaró que los fusilamientos de José León Suárez, ocurridos en 1956, constituyen delitos de lesa humanidad. La jueza Alicia Vence leyó el veredicto en Buenos Aires en el marco de un Juicio por la verdad, donde estableció la responsabilidad del Estado en la planificación, ejecución y encubrimiento de los crímenes que el escritor Rodolfo Walsh denunció en su obra Operación Masacre.
La sentencia carece de efectos punitivos debido a que todas las autoridades y agentes responsables ya fallecieron. No obstante, la Justicia de la Nación impuso una serie de medidas de carácter reparatorio. El tribunal exhortó al Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires y a la Secretaría de Educación de la Nación a incorporar el estudio de estos acontecimientos dentro de los diseños curriculares oficiales, bajo una perspectiva orientada a los derechos humanos. Según los datos del expediente, los fundamentos completos de esta resolución judicial se difundirán el próximo 16 de julio.
La reconstrucción del operativo estatal
El expediente judicial detalla que los hechos acontecieron durante la madrugada del 10 de junio de 1956, en el contexto del levantamiento del General Juan José Valle contra la llamada Revolución Libertadora de Pedro Eugenio Aramburu. Por órdenes de Aramburu, efectivos policiales ejecutaron un allanamiento ilegal en una vivienda de Florida, partido de Vicente López. En el lugar arrestaron a doce personas, a quienes trasladaron primero a la comisaría de San Martín y posteriormente a un descampado ubicado junto a un basural de José León Suárez, donde se concretaron las ejecuciones a mitad de la noche.
A partir de la información reportada por el medio Andar, el fallo calificó el ataque como un «allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía en cinco oportunidades y en grado de tentativa en otros siete casos». La jueza Vence manifestó en la resolución que los involucrados habrían recibido la pena de prisión perpetua de estar con vida. Asimismo, una publicación del medio Qué Pasa indicó que el documento judicial atribuyó responsabilidades directas al teniente coronel Desiderio Fernández Suárez y al inspector Rodolfo Rodríguez Moreno.
Víctimas y testimonios del proceso
La represión estatal provocó la muerte de Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión. En las mismas acciones lograron sobrevivir Juan Carlos Livraga, Julio Troxler, Reinaldo Benavídez, Rogelio Díaz, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino y Miguel Ángel Giunta. Durante el desarrollo del Juicio por la verdad, las familias de las víctimas acompañaron las audiencias. El tribunal tomó como uno de los elementos principales el testimonio de Juan Carlos Livraga, sobreviviente del fusilamiento, quien aportó su declaración ante la Justicia a los 96 años de edad.