La muerte de Juana Brítez Rojas, ocurrida ayer tras 12 días de agonía luego que su pareja la rociara con nafta, elevó a 22 la cantidad de femicidios en 2019. A este número se le deben sumar otros 10 travesticidios, totalizando 32 víctimas de crímenes de odio en 31 días. Por tal motivo, organizaciones feministas, sociales y políticas convocaron distintas marchas para hoy en La Plata y Capital Federal para exigirle al Estado la declaración de emergencia nacional en violencia de género. El caso de Brítez Rojas, que tenía 31 años y tenía un embarazo de 22 semanas, cerró una semana cruenta en la que, prácticamente, se registró un caso por día.
Según los estudios realizados por el Observatorio de Femicidios creado por el Defensor del Pueblo de la Nación a partir de información de medios de comunicación, las cifras de este año superan los registros de 2017, con 23 casos, y 2018, con 20. Por la situación, la organización Mujeres por la Matria Latinoamericana (Mumalá) solicitó días atrás la declaración de emergencia entre marzo 2019 a marzo 2021. La cordobesa Betiana Cabrera Fasolis, integrante del colectivo, denunció que “el Gobierno Nacional destinará en el Presupuesto 2019 la suma de 234,3 millones de pesos al Instituto Nacional de las Mujeres (Inam), organismo encargado de la aplicación de la Ley 26.485, es decir, tan sólo 11,36 pesos por mujer”. En tanto, un relevamiento indicó que el promedio de edad de las trans que murieron en este primer mes de 2019 es 38 años, la mitad del tiempo esperado para la población general.
Los dos últimos casos fueron los travesticidios, odio por la identidad de género, de Mirna Antonella Di Marzo (30), quien murió el domingo en Salta después de agonizar tres meses por una feroz golpiza; y de Yessica Benavídez (33), encontrada muerta el 24 de enero en su vivienda de Paraná con signos de violencia. Para Belén Correa, coordinadora del espacio Archivo de la Memoria Trans, los otros casos entran en la categoría de “travesticidio social”, ya que que el “abandono de persona” al que se vieron sometidas a lo largo de sus vidas por parte del Estado explica que hayan muerto por “enfermedades prevenibles o crónicas mal tratadas”.