El Tribunal Oral Federal Nº 2 (TOF 2) condenó este jueves al titular de la financiera Cordubensis (CBI), Eduardo Rodrigo, a siete años de prisión y una multa de 30 millones de pesos. Fue condenado por los delitos de “intervención financiera fraudulenta”, “lavado de activos” y “evasión”. Miguel Vera, uno de los arrepentidos en la causa, por otra parte, fue condenado a seis años y medio por los mismos delitos y una multa de 25 millones de pesos.
Todos los principales imputados fueron absueltos del delito de asociación ilícita, pero trece de los dieciséis juzgados fueron condenados por ser cómplices de lavado de dinero, evadir tributos e intermediación financiera no autorizada. En el caso del último hecho, es la primera vez que se juzga en algún tribunal argentino bajo su incorporación, en 2011, al Código Penal.
Por ahora, no hay sentencia firme por lo que ninguno quedará detenido. El fiscal federal Carlos Gonella explicó que fueron absueltos de los delitos de “asociación ilícita” y “estafa”. El fiscal se mostró conforme con la sentencia a pesar de que los imputados se vieron absueltos del delito más grave.
La lectura del veredicto se conoció pasada las 13 de hoy, luego que los 16 acusados hicieran uso de la última palabra.
El principal acusado y ex presidente de la financiera Cordubensis (CBI), Eduardo Rodrigo, dijo que lo ocurrido se debió a un conjunto de fatalidades, algunas de ellas intencionales. De esta manera, negó haber cometido algún tipo de delito con la ex financiera. «La empresa (por CBI) estaba por abrir una sucursal en un shopping de Villa Allende, no era una empresa que estaba por desaparecer o que estaba escapando. Simplemente creo que ocurrieron un conjunto de fatalidades, algunas intencionales. No por un simple hecho de renovar un alquiler se puede desencadenar lo que se desencadenó. Si eso no va acompañado con rumores y situaciones que provocaron algo que no pudimos, o que no pude me hago responsable, manejarlo», dijo este jueves Rodrigo ante el tribunal que lo juzga.
En el tramo final de su defensa, Rodrigo habló también de «una deuda moral» que asume ante los supuestos damnificados. En ese momento dijo que intentará «volver a empezar» y, en caso que le vaya bien, al primero al que llamará es al abogado Carlos Nayi, para devolverle el dinero a los eventuales ahorristas que pudieron haber sido perjudicados con la situación en la que terminó CBI.
Días atrás, el fiscal Carlos Gonella, a cargo de la investigación, solicitó penas elevadas de prisión para Eduardo Rodrigo y para sus socios en la financiera CBI, como así también multas multimillonarias. Para el ex presidente de la financiera, el representante del Ministerio Público solicitó 11 años de prisión y una multa de más de 1000 millones de pesos.
En el proceso, que comprende la primera parte del expediente elevado por el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, se juzgan delitos tales como presunto lavado de activos, intermediación financiera ilegal y asociación ilícita.
A fines de mayo, en el inicio de los alegatos del proceso judicial, Carlos Nayi, uno de los abogados querellantes pidió 15 años de prisión para Rodrigo. Nayi solicitó 13 años para los socios de CBI, Aldo Ramírez, Daniel Tissera, Julio César Ahumada y Oscar Altamirano, Nayi.
Además, pidió 11 años para el titular de Centro Motor, Darío Ramonda; 9 años y medio para el encargado de la sucursal Rivadavia de la financiera, Luis de los Santos; 8 años para el “arrepentido” Miguel Vera; y 7 años para José Núñez, responsable informático de CBI. También solicitó que se investigue al ex intendente de Laguna Larga, Fernando Boldú, al actual jefe comunal de esa localidad Federico García y al electo Matías Torres. En tanto, para Jorge Castro, Paula Vettorello, Carina Moreno y, Roberto Di Rienzo, Olga Divina y Lucas Bulchi, Nayi solicitó que sea la fiscalía la que los montos de la indemnización.
Por su lado, los representantes de la Afip pidieron 6 años para Rodrigo, 4 para Ramírez, y entre 2 y 2 años y medio para el resto de los involucrados, mientras que Remonda no fue acusado. La semana que viene será el turno de alegar de los abogados del Banco Central (BCRA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) y, posiblemente, el fiscal Carlos Gonella.