En el proceso, que se conoce como Próvolo II, se acusa a Kumiko, que está con prisión domiciliaria, de ser partícipe primaria de los abusos cometidos en la entidad, en siete hechos, en uno de los cuales está sindicada como autora penalmente responsable de un abuso simple.
Las otras ocho imputadas llegarán al debate en libertad, aunque Graciela Pascual ya estuvo detenida por un lapso mayor a dos años, desde el 24 de agosto de 2017, y luego le concedieron la prisión domiciliaria, pero en octubre de 2019 le fue otorgada la libertad mediante un habeas corpus.
El fiscal Gustavo Stroppiana señaló que las mujeres sabían de los delitos que se cometieron y no los denunciaron, ni hicieron nada para evitarlos, por eso en distinta medida son responsables del delito de encubrimiento.