Silvia Juliá, directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir, fue en 2006 la representante legal de LMR, una joven con discapacidad, violada, a quien le negaron el acceso al aborto, por lo que se hizo un recorrido judicial de 37 días hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, que avaló la práctica.
Se logró el acceso gracias a organizaciones de mujeres y feministas, aunque tampoco así fue posible que se concretara en el sistema de salud público.
En 2007, el caso se presentó ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que en 2011 pidió una reparación para ella y que el Estado nacional y provincial le pidiera disculpas, lo que ocurrió finalmente en 2014.
«Para mi fue impactante, fue una situación tremenda. Conocí a LMR en La Plata. Una niña diminuta, frágil, que jugaba, porque su edad madurativa es de 8 aunque en ese momento tenía 19», contó Juliá.
«Lo que le hizo el sistema judicial fue perverso. Ahí experimenté la impotencia que significa trabajar con un Poder Judicial atravesado por el patriarcado y con el poder de decir que, a pesar de tener derechos, no te van a permitir ejercerlos», añadió.
Juliá rescató el rol de la mamá de LMR, una mujer en ese momento analfabeta que «nos dio fuerza para seguir» y cuya historia puede conocerse en el documental que lleva su nombre, Vicenta de Darío Doria, estrenado este año.
«LMR sensibilizó a la opinión pública y el haber llegado a una instancia internacional le dio más impacto. Fue la posibilidad de transformar algo dramático y doloroso para ella, su mamá, su hermana, en una lección jurídica para los tribunales argentinos, gracias a los movimientos de mujeres, feministas y la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito», rescató la profesional.
Pero Juliá recordó que «hay muchas mujeres, adolescentes, niñas que han sufrido y sufren la ilegalidad del aborto. Lo sabemos las abogadas que trabajamos desde la Campaña. Nos llegan casos tremendos. Por eso es urgente que el Senado voté la ley».
El caso de LMR es mencionado por la Corte Suprema en 2012 en el el fallo FAL, donde dejó claro que no debe judicializarse el aborto en caso de violación y si hay peligro para la vida o para la salud de la mujer tal como establece el Código Penal de 1921, e instó a las provincias a darse protocolos de actuación para estas situaciones.
FAL es la sigla elegida para identificar a una joven de Comodoro Rivadavia que tenía 15 años en 2010 cuando quedó embarazada producto de las violaciones que sufría desde los 11 por parte de su padrastro, Orlando Nahuelmir, oficial de la policía de Chubut.
Su madre recurrió a la justicia para que su hija pueda realizarse el aborto en un hospital público, pedido que se rechazó en primera y segunda instancia, hasta que intervino favorablemente el Tribunal Superior de Justicia provincial.
Pero entonces un funcionario judicial de la provincia recurrió la sentencia para que no sentara precedentes en el país.
«Decimos recurrir a la Corte nacional. Fue una estrategia para lograr que la Corte se expida. No pedíamos nada que el Código Penal no dijera. Fue un desafío y una oportunidad», explicó a Télam Sandra Grilli, abogada de la joven.
Grilli recordó que «cada vez que había un fallo adverso ella sufría mucho, era muy triste comunicarle las trabas del sistema».
La protagonista de esta historia habló en febrero de este año con Télam y dijo que «ninguna víctima tiene que pasar por una odisea judicial como yo».
«Después de fallo FAL hay situaciones que se mejoraron, pero se siguen judicializando otras. Esto terminará con la ley de aborto que debe votar el Senado», destacó Grilli.
En 2014, en Tucumán, Belén llegó al hospital con su mamá cuando estaba teniendo un aborto espontáneo.
Fue denunciada por el médico que la atendió, quedó inmediatamente presa, fue condenada a ocho años de prisión, de los cuales cumplió casi tres, hasta que conoció en el penal a la abogada Soledad Deza, y todo cambió.
«Llevar un caso de este tipo en una provincia conservadora no es fácil, implica un doble esfuerzo porque una tiene que desarticular, en términos procesales, los vericuetos propios de cualquier litigio, pero además se adicionan los prejuicios de género, la mirada propia de un orden sexual jerárquico que se expresa en los procesos judiciales y con mayor virulencia en procesos de criminalización de aborto», dijo la abogada.
Deza llevó adelante «una defensa judicial feminista» que tuvo «una solidez técnica para la representación de una mujer criminalizada por aborto».
«Se suele pensar que a estas mujeres las libera solo el movimiento de mujeres, y no, las libera una buena defensa legal feminista que además es probono, es activismo que hacemos con placer», añadió.
También «una destreza para articular con la comunicación. El derecho es elitista, se suele ocultar, es una de las características para conservarse a sí mismo como discurso de autoridad, entonces hay que tener capacidad para articular una comunicación feminista del litigio y articular con comunicadoras feministas que nos permitan traducir».
«Articularse con los movimientos sociales, el poder compartir con las compañeras de otros espacios, de base, de movimientos sociales, no solo de organizaciones feministas para mostrar que esa demanda sea una bandera de todas», aseguró.
Deza incorporó «una ética feminista» que «nos obliga a un compromiso doble que requiere esfuerzo y corazón, humanizar la relación abogada-cliente que nos enseñan a deshumanizar, para poder lograr empatía».
«Una ética especial que nos inhabilite a tentarnos a instrumentalizar a quienes defendemos al servicio de cualquier interés personal o de la lucha feminista. Esas vidas pueden ser muy difíciles si no preservamos la intimidad, si no acordamos los términos en los que sus vidas se hacen publica», explicó.
El derecho «sobre todo el penal es disciplinador, castigador, con sesgo de género y clase apabullante. Por eso es urgente que tengamos una ley de aborto», insistió.
La semana pasada, Belén afirmó: «Tengo fe que va a salir la ley. No tenemos que esperar más. Van a seguir muriendo mujeres por la clandestinidad».
Fuente: agencia Télam