El Juzgado Civil, Comercial, de Conciliación y de Familia de primera Nominación de Jesús María condenó a una concesionaria de automotores, a la empresa que administraba los planes de ahorro y al fabricante de los vehículos a abonar a un cliente $ 400.000, más intereses, en concepto de daño punitivo.
La Justicia consideró que la administradora de los autoplanes no informó debidamente cómo se trasladaban al precio del vehículo y a la cuota mensual aquellas situaciones que alteraron la economía del país en los últimos años.
También se cuestionó que la empresa no haya llevado adelante gestiones en beneficio del cliente adherente o ideado algún mecanismo de readecuación del contrato (discusión del precio, posibilidades de pago, etc.).
En su resolución, que todavía no está firme, el juez Luis Edgar Belitzky consideró que el deber de información no se cumplimenta mediante las cláusulas insertas en el contrato de adhesión. Y agregó que el consumidor no recibe un trato digno al verse amenazado en su patrimonio, con el incremento exponencial del valor del vehículo sin posibilidad de discutir el contrato con el fabricante.