La Legislatura aprobó la Ley de Procedimiento Penal Juvenil

La normativa busca establecer reglas claras y pone foco en la reintegración social. Se aprobó, por 68 votos sobre 70.

La Legislatura aprobó la Ley de Procedimiento Penal Juvenil

La Legislatura de Córdoba aprobó la Ley de Procedimiento Penal Juvenil, un marco normativo que moderniza el sistema de justicia penal juvenil en la provincia. La iniciativa establece un proceso diferenciado para niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, garantizando el debido proceso y priorizando la reintegración social sobre la privación de la libertad.

El nuevo procedimiento distingue entre jóvenes punibles y no punibles, asegurando un abordaje basado en principios de protección integral y justicia especializada. Además, incorpora medidas socioeducativas alternativas como Justicia Restaurativa, Atención Temprana, Supervisión en Territorio y Libertad Asistida, evitando que la respuesta estatal se limite exclusivamente a la reclusión.

Claves de la nueva legislación

La norma aprobada introduce cinco ejes fundamentales que fortalecen el sistema penal juvenil en la provincia:
Claridad normativa: Define con precisión las reglas del procedimiento penal juvenil, estableciendo distinciones claras entre jóvenes punibles y no punibles.

Garantía del debido proceso: Fija objetivos, plazos y criterios de proporcionalidad en las medidas aplicadas, asegurando transparencia y equidad en el tratamiento de los casos.

Resguardo institucional excepcional: Regula los casos en los que puede aplicarse esta medida para jóvenes no punibles (artículos 44 y 45), garantizando que se utilice solo cuando sea estrictamente necesario y con pleno respeto a los derechos.

Medidas progresivas de reintegración: Implementa un esquema de intervención gradual que permite evaluar la evolución de cada joven dentro del sistema.

Creación de una Mesa de Seguimiento y Control: Conformada por representantes de los poderes del Estado, universidades y organizaciones de la sociedad civil, su función es monitorear la aplicación de la ley y proponer mejoras.

Se aprobaron modificaciones en el funcionamiento de la Legislatura

Un proyecto con amplio consenso

La elaboración de esta ley surgió de un proceso participativo que incluyó a especialistas en niñez y adolescencia, jueces del Fuero Penal Juvenil, fiscales, defensores públicos y miembros del Tribunal Superior de Justicia. También participaron la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) y el Ministerio de Desarrollo Humano de Córdoba, así como representantes de universidades y el Colegio de Abogados de la provincia.

A través de X, la ministra Liliana Montero celebró la sanción de la ley: “Garantiza la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el cumplimiento de las normas internacionales y da una respuesta realista a las necesidades de la sociedad”. A su vez, enfatizó que la ley fue producto de “un proceso de debate arduo y dedicado de muchos meses” y con una amplia participación.

Por su parte, el legislador Miguel Siciliano enfatizó que la ley no es una solución única, pero representa un avance clave: “Sabemos que no existen recetas mágicas, que no es solo con esta ley que vamos a resolver una problemática por demás compleja, pero también estamos convencidos que es una herramienta para que desde el estado podamos abordar esa complejidad”.

La implementación del nuevo procedimiento penal juvenil busca mejorar la respuesta del Estado y fomentar la reintegración social de adolescentes en situación de vulnerabilidad. Con un enfoque basado en la protección de derechos y la justicia restaurativa, esta normativa representa un cambio significativo en la forma en que la provincia aborda la justicia penal juvenil.

El texto final incorporó aportes de la Fiscalía General y de fiscales penales juveniles, con el objetivo de garantizar su aplicabilidad y efectividad.

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