El fiscal federal número dos de Córdoba, Carlos Casas Nóblega, imputó a nueve personas, entre funcionarios, ex funcionarios y empleados de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) y directivos de dos compañías –una extranjera y otra local- en una causa penal por presuntos sobornos alrededor de licitaciones de proveedores de bienes y servicios.
El caso comenzó luego de una denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción de la Nación por sospechas de presuntos hechos de coimas (cohecho) en el seno de la histórica fábrica localizada camino a Villa Carlos Paz. Incluso, en su informe de gestión a fines de 2024, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había aludido a la existencia de la denuncia, pero sin detallar el tipo de delito.
En este contexto, el fiscal Casas Nóblega solicitó una serie de allanamientos que el juez número tres, Miguel Hugo Vaca Narvaja, ordenó este jueves en Córdoba capital, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y en la provincia de Buenos Aires.
Por su parte, los investigadores habrían detectado 28 hechos calificados como cohecho activo y pasivo, que se habrían producido en el contexto de licitaciones de proveedores de bienes y servicios de Fadea.
Según trascendió, las maniobras no solo habrían sido emprendidas por meros empleados, sino que alcanzarían a ex funcionarios y actuales de la fábrica. Además, directivos de una firma extranjera y de otra proveedora de bienes locales también estarían involucrados. Hasta el momento, no se difundieron los nombres y otros detalles.
A raíz de la causa, el fiscal pidió que a todos los investigados se les prohibiera la salida del país y se ordenara la inhibición general de bienes por sumas millonarias. Por ahora, Fadea indicó que no brindará información, ya que la causa se encuentra bajo secreto de sumario. Sin embargo, según informó La Voz del Interior, la compañía entregó ayer toda la documentación requerida por la Justicia.
La investigación se conoció luego de la renuncia en febrero de Fernando Sibilla como presidente número 77 del Directorio de Fadea y tras una negociación entre el gobierno nacional y la administración del gobernador Martín Llaryora, para que la fábrica pase a la órbita de la Provincia. Asimismo, en los últimos años, diversas autoridades de Fadea quedaron bajo la lupa de la Justicia federal de Córdoba por presunta administración fraudulenta.