Personas privadas de libertad y funcionarios públicos no podrán acceder al Refuerzo de Ingresos

El Gobierno nacional detalló cuáles son los grupos que no podrán acceder al Refuerzo de Ingresos de $18.000. La medida fue publicada en el Boletín Oficial.

Personas privadas de libertad y funcionarios públicos no podrán acceder al Refuerzo de Ingresos

Las personas privadas de libertad «bajo cualquier modalidad», así como los funcionarios de «todos los niveles de gobierno» de la Nación, las provincias y los municipios no podrán percibir el refuerzo de ingresos de $ 18.000 que se dispuso el pasado 28 de abril.

Así fue establecido en la resolución conjunta 1/2022 de las secretarías de Política Económica del Ministerio de Economía y de Seguridad Social de la cartera de Trabajo, publicada hoy en el Boletín Oficial, dictada para «precisar ciertos aspectos a los efectos de lograr una correcta aplicación de las disposiciones» del Decreto 216/2022.

La medida mantiene el requisito de no desempeñarse en el circuito laboral formal ni percibir ingresos que superen el equivalente a dos salarios mínimos, pero lo eleva a tres haberes al considerar al grupo familiar completo «con excepción de los y las titulares de la Prestación por Desempleo».

De esta forma, el universo de los destinatarios del refuerzo de ingresos quedó circunscripto a los siguientes casos especificados en el anexo de la resolución:

Teniendo en cuenta que el decreto «excluye a las trabajadoras y los trabajadores con ingresos formales, resulta necesario aclarar que se encuentran incluidos en dicha exclusión los funcionarios y las funcionarias de todos los niveles de gobierno», se precisó en los considerandos de la norma.

El Decreto 216/2022 instituyó, con alcance nacional, un refuerzo de ingresos como una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional destinada a compensar la pérdida del poder adquisitivo de ingresos de personas sin ingresos formales o en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

«A través de esa medida de política de ingresos el Gobierno procura reforzar la protección económica y social de los sectores más vulnerables particularmente afectados por la situación de aceleración del nivel general de precios», se recordó en los considerandos de la resolución.

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