El oficialismo aprobó en la sesión de ayer de la Unicameral provincial una modificación en el Reglamento Interno con cambios en las frecuencias legislativas, en los pedidos sobre tablas, y en la toma de la palabra de los legisladores. Desde el arco opositor, distintos referentes salieron a denunciar un intento de “censura” por parte del gobernador Martín Llaryora en dicha cámara.
En la reunión de la Comisión de Asuntos Constituciones, los parlamentarios de Hacemos Unidos por Córdoba junto con algunos “aliados”, dieron el aval a un despacho por mayoría para que se tratara en el recinto la modificación que apunta, entre otros puntos, a poner un freno a los pedidos de reconsideración de los cinco minutos por parte de la oposición, en el caso de temas que no lleguen con los votos necesarios para ser debatidos en la Unicameral.
Este acuerdo del oficialismo con otros legisladores de la oposición fue lo que molestó a Juntos por el Cambio y Encuentro Vecinal, principalmente a la bancada de la UCR, ya que el radical Miguel Nicolás había ingresado para su tratamiento otro proyecto que incluía la obligatoriedad semanal de sesionar todos los miércoles, y la incorporación de las presidencias de interbloques en las reuniones de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Cuestión que el PJ resistió con la normativa vigente a lo largo de 2024 al hacerle saber a la legisladora radical Alejandra Ferrero, titular del espacio de Juntos por el Cambio, que no podría participar. Además, el proyecto de Nicolás abría la posibilidad de que en la Comisión de Labor Parlamentaria pueda aumentarse el número de los miembros de algunas de las Comisiones Permanentes.
Pero en el debate de la víspera, el bloque oficialista acordó un despacho por la mayoría que fijó que “la Legislatura se reunirá en sesiones ordinarias, desde el 1° de febrero al 30 de diciembre conforme se establezca en la sesión preparatoria del periodo de que se trate, y con la frecuencia que se acuerde o se resuelva en la Comisión de Labor Parlamentaria”. Es decir, no de manera semanal, tal como se venía desarrollando en el uso y costumbre en anteriores períodos legislativos, reveló el diario La Voz del Interior.
Respecto de las reuniones de Comisión de Labor Parlamentaria, el oficialismo no tomó el pedido para que también puedan participar los presidentes de interbloques y resolvió que deberá convocarse antes de cada sesión, con la posibilidad de la antelación de un día.
También se aprobaron cambios en las mociones de orden, ya que “solamente hará uso de la palabra quien la mocione y quien haya de responder… y por un tiempo de cinco minutos, prorrogables por idéntico tiempo sólo para el mocionante”.
Una cuestión discutida y sin acuerdo en estos meses fueron los pedidos por parte de la oposición para reconsiderar el tratamiento de un tema, en que caso de que el cuerpo hubiese rechazado el debate.
Con los cambios que se introdujeron ayer se establece que sólo de manera “excepcional” se darán unos minutos en algunos casos, como si se hubiese alcanzado una mayoría. Otra incorporación será que “solamente podrán fundarse cinco mociones de reconsideración por sesión”.
UCR: “Intentan cercenar el debate parlamentario”
Una vez terminada la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, con duros cruces entre los legisladores, el bloque de la UCR emitió un comunicado en el que denunció “censura”. “El oficialismo de Córdoba presentó, de manera sorpresiva, una propuesta para modificar el Reglamento Interno con el claro objetivo de silenciar a la oposición y limitar su margen de acción. A través de una maniobra reglamentaria intentan cercenar el debate parlamentario y transformar al Poder Legislativo en una simple escribanía del Ejecutivo, tal como si fuese un ministerio, decidiendo quiénes, cuándo y cuánto pueden hablar”, expresó la bancada radical.
“Con esto, los legisladores de Llaryora y sus aliados de ocasión pretenden apropiarse de lo que no lograron con los votos impidiendo que la oposición pueda intervenir, fundamentar sus pedidos de informes y promover la discusión de proyectos presentados en las comisiones. No quieren que se hable de la inseguridad, ni de la suba de impuestos, de salud, de educación, quieren eliminar las herramientas para poner en agenda los temas que realmente preocupan a la gente”, aseguraron.
“Llaryora no quiere escuchar al pueblo a pesar de haber dicho todo lo contrario a principios de año. Llaryora quiere el mando en soledad”, insistieron.
Sobre el particular, la legisladora de la UCR, Brenda Austin, afirmó: “El oficialismo en Córdoba busca cerrar el debate en la Legislatura con una reforma del reglamento que silencia y ata de manos a la oposición. Un claro acto de autoritarismo que burla el voto de la gente. Si se aprueba, van a hablar solos. ¿Tanto miedo tienen?”.
A su turno, el presidente del bloque radical, Matías Gvozdenovich, fue más allá y apuntó directamente al Gobernador. “Llaryora se dio cuenta que en 15 días le podíamos bajar los impuestos. Por eso lo manda a Miguel Siciliano a hacer esta locura institucional… quiere callarnos, pero vamos a resistir porque ese es el mandato del pueblo”, dijo.
Agrelo: “Mordaza a la oposición”
También el legislador opositor Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal) denunció: “Mordaza de PJ a la oposición de Córdoba. El oficialismo se ha venido con un proyecto que pretende tratar hoy reformando el reglamento a fondo. Dejan en manos de Labor Parlamentaria todo el orden y duración de uso de la palabra”.
Entre los cambios de la víspera se dio vuelta atrás a lo aprobado justamente en 2024, cuando se acordó una propuesta del libertario Agustín Spaccesi para que los pedidos de tablas sólo sean aprobados por los dos tercios. En caso de que esto no prosperara, el cuerpo se veía obligado a tratarlo en el recinto en un plazo de 45 días. Este punto también fue modificado.
“Eliminan la obligación de las comisiones de expedirse en 45 días y la posibilidad de sancionar a los presidentes de comisión en caso de no hacerlo. Una mordaza a la oposición en un año electoral. Tienen miedo”, se quejó Agrelo.
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