SANTIAGO DE CHILE.- Las consecuencias institucionales de la crisis política y social desatada en Chile a fines de octubre comienzan lentamente a llegar. Esta semana, el director general de Carabineros, Mario Rozas, será interrogado por 30 querellas que pesan en su contra, de las cuales 21 son acciones judiciales presentadas directamente por delitos de lesa humanidad.
La semana pasada, la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Pilar Ahumada, autorizó el interrogatorio del general Rozas en el marco de una investigación contra el propio presidente Sebastián Piñera y otras autoridades del gobierno conservador (como los ministros del Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel) en las presuntas violaciones a los derechos humanos denunciadas en el país desde el 18 de octubre pasado, ampliamente documentadas por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AMI), entre otros.
El alto funcionario será interrogado por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Pervancich, por 30 acusaciones en su contra por los abusos cometidos por Carabineros en la represión de las protestas sociales, 21 de ellas por delitos de lesa humanidad. A estas querellas se les suman nueve denuncias penales por delitos como torturas y apremios ilegales contra Rozas, todas en el contexto de la represión de las movilizaciones sociales.
Será la primera vez que una autoridad del gobierno de Piñera se siente ante la Justicia para dar explicaciones por las denuncias de violaciones a los derechos humanos: entre otros casos, Rozas declarará como acusado en causas emblemáticas como la muerte del joven Mauricio Fredes en la represión oficial cerca de la Plaza Baquedano en diciembre pasado, el atropello del manifestante Oscar Pérez por dos vehículos policiales, algunos de los cientos de casos de traumas oculares o lesiones graves contra niños y adultos mayores.
Junto con las querellas presentadas contra Rozas, existen una serie de causas presentadas en las Cortes de Apelaciones a nivel nacional. Desde que comenzó la revuelta popular, fueron interpuestos 153 recursos de amparo contra los uniformados según los registros judiciales, aunque 123 de ellos fueron rechazados, sólo 21 fueron acogidos y ocho aún están pendientes.