Luego de que la biofarmacéutica AstraZeneca incumpliera su compromiso de entregar dosis de la vacuna contra el Covid-19 a los Estados miembros de la Unión Europea (UE), la Comisión de este bloque regional anunció hoy que inició acciones legales contra la empresa.
El portavoz de la UE, Stefan De Keersmaecker, fue el que informó esta decisión judicial tomada «sobre la base de incumplimientos del acuerdo de compra anticipada». Al respecto explicó: «No se han respetado algunos términos del contrato y la empresa no ha aportado una estrategia fiable para garantizar una distribución oportuna de las dosis».
De Keersmaecker precisó que Bruselas actuó tanto «en su propio nombre» como «en nombre de los 27 Estados miembros», los cuales «están totalmente en línea» con esta decisión.
Por su parte, el grupo farmacéutico británico-sueco AstraZeneca se defendió de estas acusaciones a través de un comunicado. En éste, consideró «infundada» la acción legal iniciada por la Unión Europea debido a los retrasos en la entrega de sus vacunas contra el Covid-19 y aseguró que se defendería «firmemente». Asimismo, AstraZeneca aseguró haber «respetado plenamente» su contrato con Bruselas y afirmó que esperaba tener «la oportunidad de resolver esta disputa lo antes posible».
Sin embargo, la realidad demuestra que la biofarmacéutica está muy lejos de haber cumplido con su palabra tal como sostiene. El contrato de AstraZeneca con la Unión Europea preveía la distribución inicial de 300 millones de dosis entre los 27 países miembros, con opción a otros 100 millones. Por el momento, solo se entregaron 30 millones de dosis en el primer trimestre de 2021 y la compañía dice que solo puede proporcionar 70 millones en el segundo trimestre, en lugar de los 180 millones que había prometido.
Ya era una realidad conocida que los problemas de AstraZeneca para cumplir con los repartos estipulados en el contrato con la UE han enfrentado desde hace meses a las partes. Esta situación llevó a Bruselas a enviar una carta a la empresa para iniciar un procedimiento amistoso de resolución de disputas. Pero tras constatar que este paso intermedio no facilitaba una solución, el Ejecutivo comunitario tomó la decisión de elevar el asunto a la Justicia belga.