La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró este jueves a Birmania (Myanmar) responsable de cometer genocidio contra la minoría musulmana rohinyá durante la ofensiva militar de 2017 en el estado de Rakáin, en el oeste del país asiático. En un fallo histórico, el máximo tribunal de Naciones Unidas ordenó investigar a los responsables, reparar los daños causados y facilitar el regreso de los cientos de miles de desplazados.
Se trata de la primera vez en los 80 años de existencia de la CIJ que el tribunal establece la responsabilidad internacional de un Estado por la comisión de un genocidio.
Los jueces concluyeron, por mayoría, que las pruebas acreditaron la intención de destruir, total o parcialmente, a una parte sustancial de la comunidad rohinyá, un elemento central para determinar jurídicamente la existencia de este crimen, según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
El presidente del tribunal, Yuji Iwasawa, fue contundente al comunicar la decisión: «Birmania ha cometido un genocidio contra el grupo de los rohinyás en el norte del estado de Rakáin, violando sus obligaciones bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio».
Durante la exposición de los fundamentos, la Corte describió las atrocidades perpetradas por las fuerzas de seguridad birmanas durante la represión de 2017. Según las pruebas examinadas, unos 10.000 rohinyás fueron asesinados, mientras que se registraron violaciones sexuales generalizadas contra mujeres y episodios de violencia extrema contra niños. Además, las aldeas de esta comunidad fueron sistemáticamente destruidas y sus habitantes, desplazados o reemplazados por poblaciones no rohinyás.
La ofensiva militar provocó que cerca de 750.000 personas huyeran hacia el vecino Bangladesh, donde se instalaron en campamentos de refugiados. La comunidad rohinyá, de mayoría musulmana, lleva décadas sometida a discriminación, restricciones de derechos y persecución en Birmania.
Las medidas de reparación y el regreso de los refugiados
Entre las principales disposiciones, la CIJ ordenó a las autoridades birmanas permitir y facilitar el regreso «seguro, voluntario y digno» de los rohinyás desplazados, tanto de quienes permanecen en el extranjero como de aquellos que fueron reubicados dentro del propio país. También exigió garantizar la reunificación de las familias separadas por la violencia.
En materia de reparación, los jueces dispusieron que Birmania devuelva o sustituya las propiedades individuales y colectivas que fueron destruidas o dañadas, facilite la búsqueda de personas desaparecidas y garantice la rehabilitación física y psicológica de quienes sufrieron lesiones o daños mentales. Además, el Estado deberá indemnizar a las víctimas por los perjuicios que no puedan repararse mediante esas medidas, aunque los montos se determinarán posteriormente.
El fallo también establece que las autoridades deben adoptar medidas «inmediatas y efectivas» para investigar a todas las personas sospechadas de haber participado en actos de genocidio durante las operaciones militares de 2017 y, cuando corresponda, procesarlas y sancionarlas. Asimismo, deberán aprobar legislación que garantice el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y ofrecer garantías de no repetición.
La sentencia establece la responsabilidad de Birmania como Estado, pero no implica una condena penal individual contra militares o dirigentes concretos. Esa instancia deberá desarrollarse mediante las investigaciones y los procesos judiciales correspondientes.
La reacción de Naciones Unidas y los límites del fallo
El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el pronunciamiento en La Haya e instó a las autoridades birmanas a garantizar el cumplimiento de las medidas dispuestas por la Corte. Por su parte, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, manifestó su expectativa de que la decisión represente un «punto de inflexión para que se haga justicia para los rohinyás y todo el pueblo de Birmania».
En Bangladés, donde funciona el mayor campamento de refugiados del mundo, en Cox’s Bazar, numerosos rohinyás siguieron las deliberaciones a través de una pantalla gigante. Algunos rompieron en llanto al conocer el veredicto, con la esperanza de que la decisión les permita regresar a sus hogares después de años de desplazamiento.
Aunque las decisiones de la CIJ son vinculantes e inapelables, el tribunal no dispone de mecanismos propios para garantizar su cumplimiento, por lo que queda por determinar si las autoridades birmanas acatarán las disposiciones. De todos modos, el pronunciamiento representa una fuerte presión jurídica y política sobre el país y sus actuales dirigentes.
El actual líder birmano, Min Aung Hlaing, comandaba las fuerzas armadas durante la ofensiva contra los rohinyás y posteriormente encabezó el golpe de Estado de 2021 que derrocó al gobierno electo de Aung San Suu Kyi. La sentencia vuelve a poner bajo escrutinio internacional la actuación de las fuerzas militares y la persecución sufrida por esta minoría durante décadas.









