Tras la serie de allanamientos realizados este miércoles en el Ente Córdoba Obras y Servicios (COyS), el gremio de recolectores Surrbac y domicilios particulares de gerentes vinculados al sindicato, la oposición en el Concejo Deliberante redobló la presión política sobre el Ejecutivo municipal para exigir explicaciones y acceso a las auditorías internas del organismo.
La causa judicial, impulsada por el fiscal Anticorrupción Matías Bornancini a raíz de las presentaciones penales del propio titular del ente, Santiago Pinsiroli, ordenó una docena de operativos en la sede central de calle Rosario de Santa Fe al 200, bases operativas y dependencias gremiales.
En qué consiste la denuncia
La pesquisa apunta a determinar una presunta defraudación a la administración pública a partir de dos ejes centrales: por un lado, el pago irregular de horas extras —con casos en los que empleados y gerentes se habrían autoliquidado sumas de entre 15 y 20 millones de pesos en un solo mes, superando ampliamente los topes del convenio— y, por otro, severas inconsistencias en el manejo de las cooperativas de limpieza y barrido, donde una auditoría detectó que apenas el 30 por ciento de los 1.027 beneficiarios relevados tenía su situación en regla. El conflicto escaló aún más en las últimas horas luego de que Pinsiroli denunciara haber recibido amenazas y un intento de extorsión para frenar la revisión de las horas extraordinarias, motivo por el cual se le asignó custodia permanente.
En este escenario, la presidenta del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical, Elisa Caffaratti, cuestionó el silencio del Palacio 6 de Julio y advirtió que el oficialismo bloquea los mecanismos de control legislativo sobre los entes autárquicos. En declaraciones realizadas este jueves a medios locales, la edila diferenció a los operarios rasos de las cúpulas cuestionadas al señalar que los trabajadores del organismo “son gente honesta que sale de madrugada a limpiar la ciudad” y apuntó que el problema radica en “una dirigencia que actúa como patota”.
Asimismo, en diálogo con Hoy Día Córdoba, Caffaratti precisó que su bancada viene reclamando documentación oficial desde que trascendieron las primeras irregularidades en la prensa hace más de un mes, sin obtener respuestas. “Inmediatamente elevé los pedidos de informes al Concejo para que nos remitan la auditoría y las copias de las denuncias, y la semana pasada presentamos proyectos de resolución para que nos envíen los balances contables del COyS, que tienen obligación por ordenanza de remitirlo y no lo han hecho desde que soy concejal, hace tres años”, detalló la dirigente radical.
La concejala subrayó además que la opacidad administrativa excede al ente de higiene urbana y alcanza a toda la estructura descentralizada del municipio. “Nunca nos llegaron las rendiciones contables del COyS ni de ninguno de los otros entes”, concluyó Caffaratti, ratificando el pedido de la oposición para que la Justicia y las autoridades políticas esclarezcan el destino de los fondos públicos.
El descargo del Surrbac
Luego de los operativos, el sindicato difundió un comunicado dirigido a sus afiliados en el que cuestionó los procedimientos y denunció una supuesta persecución.
“Hoy les hablamos a ustedes, a quienes llegaron a prestar un servicio y se fueron con un nudo en la panza y angustia en el pecho. A quienes hoy seguían pendientes del servicio mientras les comunicaban que se quedaban sin sus teléfonos personales”, expresó la organización.
Además, calificó lo sucedido como una “injustificada y desmedida persecución patronal y mediática” y aseguró que acompañará a los trabajadores involucrados.
Mientras tanto, la investigación judicial continúa con el análisis de los elementos secuestrados y la determinación de las posibles responsabilidades en las presuntas irregularidades.
En ese marco, el portal de eldoce.tv publicó que uno de los empleados beneficiados con esas horas extras fue detenido por orden del fiscal Bornancini, tras los allanamientos.









