La Corte Suprema de Justicia declaró este jueves la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, las normas que habían eliminado las facultades del Estado para revisar y autorizar los aumentos de las cuotas de la medicina prepaga. La decisión permite que la Superintendencia de Servicios de Salud recupere sus atribuciones para revisar, fiscalizar y autorizar los aumentos de los planes de medicina prepaga.
La decisión del máximo tribunal tiene un doble impacto relevante. En primer lugar, una influencia directa sobre cerca de 500 causas análogas que aun están pendientes de resolución, pero además podría influir en muchos reclamos iniciados por otros afiliados en diversos tribunales del país -y en aquellos que ya pagaron los aumentos de las cuotas pero pueden reclamar su restitución-.
Hacia el futuro, el fallo no fija un tope automático para las cuotas vinculado a la inflación, sino que restituye las competencias regulatorias de la autoridad de aplicación. La revisión de cada incremento deberá quedar sujeta a los criterios previstos por la normativa que volvió a regir.
La causa que generó el fallo
Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal resolvió en efecto que la autoridad de aplicación, el Ministerio de Salud de la Nación a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, debe volver a asumir las funciones de control que le asigna la Ley 26.682 de medicina prepaga.
La causa fue iniciada por María del Carmen Bobbio, afiliada a Swiss Medical, cuya cuota pasó de $136.161,21 a $301.218,02 entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, un incremento del 110%. Según planteó la afiliada, con el régimen anterior el aumento habría sido del 6,26%.
«Es un fallo muy importante porque confirma lo que venimos sosteniendo en cada amparo contra estos aumentos: el Poder Ejecutivo no podía, por decreto y sin justificar ninguna urgencia, desarmar el control sobre las cuotas de salud que el Congreso había establecido por ley«, señaló Manuel Luaces , doctor en Ciencias Jurídicas y especialista en derecho a la salud.
Lo que dijo la Corte Suprema
El tribunal recordó que el Poder Ejecutivo solo puede dictar normas de contenido legislativo en condiciones de rigurosa excepcionalidad: cuando el Congreso no puede reunirse o cuando la situación es tan urgente que no admite el trámite normal de una ley. En este caso, concluyó que los considerandos del DNU 70/2023 no contienen una mínima justificación de esas circunstancias. La sola mención de una «crisis del sistema de salud» y de la necesidad de «liberar las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga» fue considerada como una fundamentación genérica e insuficiente.
La Corte agregó que el decreto ni siquiera intenta explicar qué relación existe entre la emergencia invocada y la supresión de los controles, y que esa exigencia de justificación era todavía mayor porque se eliminaban potestades del propio Poder Ejecutivo.
De forma contundente, sostuvo que la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente «entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto». También aclaró que el hecho de que siga abierto el trámite de revisión parlamentaria previsto en la Ley 26.122 no impide el control judicial.
Lo que establece el fallo
«Hay que ser precisos para no generar falsas expectativas «, advirtió Luaces, quien explicó que “la Corte no fijó un tope automático por inflación. Dejó sin efecto la parte de la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que limitaba los aumentos al IPC y le devolvió al Estado la obligación de revisar y autorizar cada aumento, que según la ley debe estar fundado en variaciones de la estructura de costos y en un razonable cálculo actuarial de riesgos”.
“Además, formalmente la sentencia resuelve el caso de esta afiliada y no deroga el decreto para todos. Pero fija un criterio claro que los jueces van a tener que considerar en los juicios en trámite y en los que se inicien», explicó el especialista.
Luaces señaló además una tensión que el fallo deja expuesta. La propia Corte advirtió que, con posterioridad al citado DNU, el decreto 102/2025 modificó la reglamentación de la ley para establecer que las prepagas «podrán establecer libremente los valores de las cuotas de los planes de salud«. «Mientras la Corte dice que el Estado tiene que controlar, la reglamentación vigente dice que las empresas fijan libremente sus precios. Esa contradicción la va a tener que resolver el Estado y, si no lo hace, la van a resolver los jueces en cada caso. Ahora la pelota está en la cancha de la Superintendencia de Servicios de Salud», sostuvo el abogado.
¿Qué pueden hacer los afiliados?
Luaces recomendó a quienes vieron incrementada su cuota desde diciembre de 2023:
-Recopilar las facturas y los comprobantes de pago de la cuota desde fines de 2023 en adelante, ya que son la base para reconstruir la evolución de los aumentos.
– Presentar el reclamo por escrito ante la prepaga y ante la Superintendencia de Servicios de Salud, dejando constancia de cada aumento cuestionado.
– Quienes ya tienen un juicio de amparo en trámite, asesorarse sobre cómo incide este precedente en su causa.
– Las personas mayores y quienes viven de ingresos fijos, especialmente afectados por estos aumentos, pueden consultar con un abogado especialista en derecho a la salud para evaluar si corresponde presentar una acción de amparo ante la Justicia.
«Para muchos afiliados, sobre todo jubilados, estos aumentos pusieron en riesgo la continuidad de su cobertura de salud. Este fallo les da una herramienta concreta para reclamar. Lo importante es no resignarse: guardar los comprobantes y consultar a tiempo» , concluyó Luances.









