Se trata de una nueva petición de la CIDH en medio de la ola de protestas que sacude al país, que el martes registró nuevos incidentes con el asesinato de un estudiante por la represión policial en Tuluá.
Desde el 14 de mayo, la CIDH viene reclamando su ingreso al país para evaluar las denuncias de abuso policial, si bien el lunes, durante una reunión en Washington, María Claudia Pulido, la vicepresidenta y ministra de Exteriores colombiana, Marta Lucía Ramírez, negó la entrada de la comisión en este momento”.
El Estado colombiano enviará toda la información solicitada recientemente por la Comisión, garantizándole a este organismo el acceso transparente a la información oficial y unificada de todas las entidades del Estado”, informó la Cancillería.
El martes, la CIDH se reunió con la Defensoría del Pueblo, que le entregó un informe con 236 denuncias de violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales, 174 de ellas con agentes de la policía como presuntos responsables. La Defensoría también informó a la CIDH de 106 actos de violencia de género, 23 de violencia sexual y dos de presunta violación sexual.
Entre la noche del martes y la madrugada de ayer, el país sumó otro muerto: Camilo Andrés Arango García, estudiante de derecho, que falleció tras recibir un disparo que los colectivos sociales endilgan a la policía; en el contexto de los incidentes que derivaron en el incendio del Palacio de Justicia de la ciudad de Tuluá.