El último viernes, la crisis migratoria ocupó los medios nacionales e internacionales luego de que Carabineros desalojara una plaza del centro de la norteña Iquique, donde dormían más de 100 inmigrantes, en un hecho que derivó en una espiral de violencia no sólo entre la policía y los extranjeros, sino también con ciudadanos chilenos que se sumaron a la represión.
A partir de estos hechos, el sábado se realizó una marcha antiinmigración en Iquique que finalizó con los manifestantes quemando carpas y pertenencias de los extranjeros, en un episodio de peligrosos tintes fascistas.
Organizaciones de la sociedad civil chilena salieron a reclamar ayer al Gobierno de Piñera que asuma su responsabilidad en la cuestión y modifique su política migratoria: Una solución real”, aseveraron, es que el Gobierno habilite el acceso a albergues”, escuche a las autoridades locales y convoque a mesas de trabajo”.
En la declaración firmada por 24 organizaciones, aseveraron que las expulsiones de inmigrantes propiciadas por la gestión de Piñera han contribuido a generar un clima de odio, de criminalización y estigmatización que exacerba la crisis de gobernabilidad migratoria”; y rechazaron el violento desalojo en la ex Plaza Brasil de Iquique”, además de la marcha del sábado.
De visita a Uruguay y Paraguay, el presidente Piñera intentó bajar el tenor de las críticas con un comunicado en el que repudió categóricamente la brutal agresión que una turba descontrolada” cometió contra los migrantes y comprometió a su administración en la meta de que ese crimen no quede impune y sea severamente sancionado de acuerdo a la ley”.
Estamos cumpliendo el compromiso de poner orden en nuestra casa, promoviendo una migración legal, ordenada y segura que proteja los derechos de los migrantes que muchas veces son abusados por bandas de trata de personas y que, también, proteja los derechos de los chilenos”, aseveró Piñera.
Pero lo cierto es que su gestión de la inmigración quedó en el centro de la mirada internacional: el director de Human Right Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, aseveró por ejemplo que el Gobierno tiene la obligación de proteger a las personas, no solo a sus ciudadanos, sino también a los extranjeros que estén o no en situación regular o irregular”.