Luego de más de un mes de conflicto entre el Gobierno de Bolivia y la ciudadanía del departamento de Santa Cruz, bastión opositor, finalmente el Senado convirtió en ley el llamado a realizar el censo nacional para marzo del 2024. La iniciativa ya tenía la media sanción de Diputados, hecho que destrabó el conflicto entre el Gobierno central y Santa Cruz.
La importancia del relevamiento poblacional radica en que con este se determina el reparto de recursos entre las regiones del país. Según la Constitución debe hacerse cada 10 años, igual que en la Argentina.
Estaba previsto realizarse en noviembre del 2022, pero el presidente boliviano, Luis Arce, lo postergó para 2024 por razones técnicas. Esto generó masivas movilizaciones ciudadanas, autodenominadas “movimiento cívico” que agrupa a organizaciones y empresarios de Santa Cruz, bastión opositor de derecha y ultraderecha, además de motor económico del país, con paros por tiempo indefinido. Después de semanas de conflicto, el movimiento opositor llegó a aceptar la postergación de la fecha, pero reclamaba una ley que la fijara.