La Justicia de Bolivia ratificó este lunes la declaratoria de rebeldía y la orden de captura contra el ex presidente Evo Morales, luego de que el ex mandatario no se presentara al inicio del juicio oral en su contra por el presunto delito de trata agravada de personas, vinculado a una supuesta relación con una menor de edad durante su gestión de gobierno.
La audiencia debía comenzar a las 8.30 (hora local) en el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, pero fue suspendida tras la ausencia de Morales y de su equipo de abogados privados. El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Luis Esteban Ortiz, aseguró que se habían cumplido todas las formalidades necesarias para la instalación del juicio oral.
Sin embargo, ni Morales ni su defensa acudieron al Tribunal Primero de Sentencia, presidido por el juez Carlos Oblitas, quien dispuso mantener la declaratoria de rebeldía. La medida implica la emisión de una orden de captura, arraigo migratorio y otras restricciones judiciales contra el líder del Movimiento al Socialismo (MAS).
“El juicio queda suspendido mientras comparezcan o se haga comparecer, por la fuerza pública, a los acusados”, explicó el fiscal del caso, Luis Gutiérrez, quien remarcó que la ejecución de la captura depende ahora de la Policía Boliviana.
La Fiscalía investiga una presunta relación que Morales habría mantenido en 2016 con una adolescente, durante su etapa como presidente de Bolivia. Según la acusación, el ex mandatario habría otorgado beneficios a la familia de la joven y de esa relación habría nacido una hija, un hecho que Morales nunca negó públicamente, aunque su entorno sostiene que se trata de un montaje judicial.
El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, afirmó que el Ministerio Público cuenta con un expediente sólido para sustentar la acusación. “Se han logrado recolectar más de 170 pruebas en contra del ex mandatario que respaldan la causa por trata agravada”, aseguró. Además, la Fiscalía prevé presentar 39 testimonios durante el eventual juicio oral.
Desde la defensa, los abogados de Morales denunciaron irregularidades procesales y sostuvieron que el caso tiene motivaciones políticas. El ex procurador Wilfredo Chávez justificó la ausencia de su cliente alegando fallas en el procedimiento de notificación y aseguró que el proceso busca desviar la atención de la crisis económica y los conflictos sociales que atraviesa Bolivia.
Según la defensa, la investigación comenzó en 2024 bajo el gobierno de Luis Arce y continúa actualmente bajo la administración de Rodrigo Paz.
Morales permanece desde octubre de 2024 refugiado en el Trópico de Cochabamba, especialmente en la región de Lauca Eñe, considerada su principal bastión político y sindical. Allí, cientos de seguidores mantienen una vigilancia permanente para impedir el ingreso de las fuerzas de seguridad.
No es la primera vez que el ex mandatario enfrenta medidas judiciales por este caso. En enero de 2025 ya había sido declarado en rebeldía durante la etapa preliminar de la investigación, luego de ausentarse a otras audiencias. En aquella oportunidad también se dispuso el arraigo y la anotación preventiva de sus bienes.
Los movimientos sociales afines a Morales advirtieron que cualquier intento de detención podría desencadenar nuevas movilizaciones y bloqueos, como ocurrió entre octubre y noviembre de 2024, cuando protestas de sus seguidores paralizaron durante semanas el centro del país.