La Asamblea Nacional de Francia aprobó este miércoles de forma definitiva la ley que reconoce el derecho a la ayuda para morir, una norma que regula el suicidio asistido y, en casos excepcionales, la eutanasia para pacientes con enfermedades graves e irreversibles que atraviesen un sufrimiento considerado insoportable.
El proyecto fue aprobado por 291 votos a favor y 241 en contra, culminando un largo proceso legislativo impulsado por el presidente Emmanuel Macron, quien había convertido la reforma en una de las principales promesas sociales de su gestión.
«Gracias a todos los parlamentarios que han hecho posible un debate constructivo y respetuoso», expresó Macron tras la votación.
Un cambio histórico tras años de debate
La aprobación pone fin a un extenso recorrido parlamentario que comenzó en 2022, cuando una asamblea ciudadana respaldó la creación de un mecanismo de «asistencia activa para morir».
Desde entonces, el proyecto atravesó numerosos obstáculos. Aunque la Asamblea Nacional lo aprobó en varias oportunidades, el Senado, de mayoría conservadora, lo rechazó reiteradamente, lo que retrasó su sanción definitiva. Finalmente, la Cámara Baja hizo valer sus atribuciones constitucionales y dio luz verde a la norma en tercera lectura.
La reforma forma parte del objetivo de Macron de establecer un «modelo francés» para el acompañamiento del final de la vida, complementado por otra ley destinada a fortalecer los cuidados paliativos.
Quiénes podrán acceder a la muerte asistida
La legislación establece condiciones estrictas para acceder al procedimiento.
Solo podrán solicitarlo personas mayores de edad, con nacionalidad francesa o residencia legal en Francia, que padezcan una enfermedad grave e incurable, con pronóstico vital comprometido en una fase avanzada o terminal, y que sufran un deterioro irreversible de su estado de salud acompañado de un sufrimiento físico o psicológico persistente.
La norma dispone que la ayuda para morir deberá ser realizada por el propio paciente. Solo de manera excepcional, cuando la persona no pueda hacerlo por sí misma, la intervención podrá ser llevada a cabo por un médico o un enfermero.
Además, el texto contempla un plazo mínimo de reflexión de dos días entre la autorización médica y la decisión definitiva del paciente, uno de los puntos que continúa generando debate.
La ley será revisada por el Consejo Constitucional
Aunque el Parlamento ya aprobó la iniciativa, la entrada en vigor aún depende del análisis del Consejo Constitucional.
El primer ministro Sébastien Lecornu anunció que remitirá la norma al máximo órgano de control constitucional para verificar que algunos de sus artículos, entre ellos el período de reflexión previsto, sean compatibles con los principios de libertad individual y dignidad humana.
El Gobierno explicó que tomó esta decisión porque considera que el tratamiento parlamentario no permitió alcanzar un consenso suficiente entre quienes apoyan la reforma y quienes advierten sobre sus posibles consecuencias.
Se espera que el Consejo Constitucional emita su fallo antes de mediados de agosto.
Fuerte debate político y rechazo de la Iglesia
La aprobación de la ley estuvo precedida por un intenso debate político y ético.
Entre los impulsores de la reforma, el diputado Olivier Falorni afirmó haber «cumplido con su deber», mientras que sectores conservadores y parte del propio oficialismo manifestaron reparos al considerar que la norma podría debilitar la protección de las personas más vulnerables.
La Iglesia católica de Francia también cuestionó duramente la decisión parlamentaria y calificó la aprobación como «una ruptura grave en la historia» del país.
En un comunicado, los obispos advirtieron que una legislación de este tipo podría modificar profundamente la relación de la sociedad con la vulnerabilidad, la vejez, la discapacidad y la enfermedad.
De superar el control constitucional, Francia se sumará al grupo de países europeos que regulan la muerte asistida bajo estrictos criterios médicos y legales, marcando uno de los cambios sociales más relevantes de los últimos años en el país.