El expresidente de Perú Alberto Fujimori, quien cumplía una sentencia a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, quedó hoy en libertad, más de 24 horas después de un fallo que lo benefició y que generó una ardua polémica de la que participaron incluso organismos internacionales.
Fujimori salió a bordo de un automóvil del penal policial de Barbadillo, en el barrio limeño Ate, minutos antes de las 18.30 (las 20.30 en la Argentina), cerca de dos horas después de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informara que se disponía a cumplir la resolución adoptada ayer por el Tribunal Constitucional (TC).
«En cumplimiento del mandato del TC que dispone la inmediata libertad del interno Alberto Fujimori, luego de procesar el documento de conformidad con los protocolos internos, procederá con la ejecución de la libertad», dijo el INPE en un comunicado.
La noticia fue celebrada inmediatamente por familiares y abogados de Fujimori que, junto a simpatizantes, se reunieron en los alrededores del penal policial de Barbadillo, en el barrio limeño Ate, a la espera de que el exmandatario saliera de allí.
La salida de Fujimori de la cárcel se demoró debido a que las huellas dactilares del exmandatario no coincidían con las registradas años atrás en la misma cárcel, posiblemente debido a su avanzada edad, según el diario local La República.
El TC ordenó ayer la liberación «inmediata» de Fujimori y remarcó que la medida debía ejecutarse «en el día», aunque uno de los abogados del expresidente, Elio Riera, avisó que probablemente la medida se cumpliera hoy, debido a que fue publicada después del horario de atención de la autoridad penitenciaria.
La decisión del TC provocó una intensa polémica en la que intervinieron incluso la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que la reprobaron.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo en una declaración que la orden de liberar a Fujimori «es un revés preocupante para la rendición de cuentas» y agregó que «cualquier liberación humanitaria de los responsables de graves violaciones de derechos humanos debe ajustarse al derecho internacional».
En tanto, la Corte IDH pidió al Estado peruano que se abstuviera de soltar al exmandatario hasta que ese tribunal «cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones» de su propia jurisprudencia.
Fujimori, de 85 años, cumplía desde 2007 una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, que fue interrumpida brevemente entre 2017 y 2018, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski lo indultó, hasta que pocos meses después la Justicia revocó el beneficio.
En esa condena, Fujimori fue considerado autor mediato de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves en dos masacres cometidas en 1991 y 1992 por el grupo paramilitar Colina.
Pese a ser sometido a varios procesos por diversos delitos, en la mayoría de los cuales fue condenado, la legislación peruana establece que en caso de que una persona reciba más de una sentencia, debe cumplir solamente la más extensa.
Desde que volvió a la cárcel, su defensa presentó diversos recursos judiciales buscando su nueva excarcelación. En marzo de 2022, el TC ordenó restablecer el indulto a Fujimori. Sin embargo, tras acciones realizadas por los deudos de las víctimas de Fujimori, el 7 de abril de este año la Corte IDH ordenó al Estado peruano que no liberara al exmandatario.
Para liberar a Fujimori, el TC declaró fundado el hábeas corpus a favor de su indulto, que alegaba un presunto atentado contra la libertad individual mediante la detención arbitraria.
Si bien el tribunal reconoció la gravedad de los delitos del condenado, resaltó que se le concedió el indulto humanitario en 2017, cuyos efectos fueron restituidos en una sentencia de marzo de 2022.
De acuerdo con la resolución, esta última sentencia tiene autoridad de cosa juzgada y el tribunal señala que el favorecido lleva casi seis años indultado sin que se haya hecho efectiva su libertad, lo cual constituye una vulneración del derecho fundamental.
Además, los magistrados consideraron la edad avanzada y la salud deteriorada del favorecido, quien cumplió aproximadamente dos terceras partes de su condena. Asimismo, el fallo del TC publicado ayer considera que la Corte IDH no tiene competencia para ordenar la no ejecución de la sentencia judicial emitida en marzo del año pasado.