Luego de que el Gobierno peruano dispusiera el martes un toque de queda en la región andina de Puno, en el sur del país, tras violentos enfrentamientos entre manifestantes y la Policía que dejaron ya 18 muertos en dos días, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, informó que ordenó la apertura de una investigación por presunto genocidio y otros delitos a la presidenta Dina Boluarte y tres ministros en relación con esos hechos.
“Ya hay una investigación abierta de diligencias preliminares de los hechos ocurridos en diciembre y el día de hoy estamos tomando la decisión de abrir una nueva carpeta fiscal” sobre la conducta de la jefa del Estado con respecto a los hechos en Puno, dijo Benavides a la prensa. Más tarde, el Ministerio Público informó en un comunicado que la investigación preliminar, además de a Boluarte, alcanza al jefe de Gabinete, Alberto Otárola y a los ministros del Interior, Víctor Rojas, y de Defensa, Jorge Chávez.
La indagación se basa en “los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho”, precisó el documento, publicado en Twitter.
Los graves choques que se registran hace días entre manifestantes y fuerzas policiales en Perú se mudaron en las últimas horas a las ciudades de Tacna y Cusco, donde hubo un intento de toma del aeropuerto, y amenazan con extenderse a otras regiones en las que nuevamente hay protestas contra el Gobierno nacional.
En ese marco, el Gobierno peruano reafirmó su compromiso con el respeto a los derechos humanos y aseguró que garantiza el derecho a la protesta, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de recibir a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que evaluará la situación del país, escenario de manifestaciones antigubernamentales y aumento de la violencia.
Asimismo, la Cancillería afirmó que “garantiza el libre ejercicio del derecho a la protesta pacífica, diferenciándolo de su utilización para cometer actos de violencia contra el orden democrático y el Estado de Derecho”.