Cinco países de la Unión Europea (UE) acordaron con Ruanda la creación de un centro de retorno para migrantes cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas, en una iniciativa que busca agilizar las expulsiones de personas que no tienen autorización para permanecer en territorio europeo. El proyecto piloto, que comenzaría a funcionar en 2027, fue anunciado este lunes en Viena por los gobiernos de Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos.
El canciller austríaco, el conservador Christian Stocker, presentó el acuerdo como un «cambio de paradigma verdaderamente histórico en la política migratoria» y explicó que el objetivo es reducir la presión sobre los sistemas de asilo europeos y combatir las redes de tráfico de personas.
«Austria, Dinamarca, Países Bajos, Alemania y Grecia quieren inaugurar juntos en 2027 el primer centro de retorno en Ruanda», afirmó Stocker durante una conferencia de prensa conjunta. Según sostuvo, la medida también apunta a «privar a los traficantes de su inhumano modelo de negocio» y evitar las muertes de migrantes en el Mediterráneo y otras rutas peligrosas.
Cómo funcionará el centro de retorno
El proyecto estará destinado inicialmente a un centenar de personas, tanto hombres como mujeres, cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas y que hayan agotado todas las vías legales de apelación en alguno de los cinco países participantes. Los menores de edad quedarán excluidos del dispositivo.
La iniciativa contempla que quienes no puedan ser devueltos a sus países de origen sean trasladados a un tercer Estado, en este caso Ruanda. «Si el retorno al país de origen no es posible, las personas sin derecho de residencia serán devueltas en el futuro a un tercer país, como por ejemplo Ruanda», sostuvo el jefe del Gobierno austríaco.
El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, uno de los impulsores de la propuesta, marcó diferencias con el controvertido acuerdo que Reino Unido había impulsado con Ruanda y que finalmente fue abandonado. En este caso, explicó, el traslado se aplicaría exclusivamente a solicitantes cuyo pedido de protección internacional ya haya sido rechazado.
Dobrindt aseguró que el marco jurídico para implementar este tipo de centros ya fue establecido a nivel europeo y que ahora resta avanzar con su puesta en funcionamiento. También destacó la rapidez de las negociaciones con el Gobierno ruandés y afirmó que el plan se desarrollará en cooperación con organismos internacionales, respetando la legislación comunitaria y los derechos humanos.
En ese sentido, mencionó la participación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con los que buscan establecer acuerdos para acompañar el funcionamiento del dispositivo.
Por su parte, el ministro del Interior de Ruanda, Vincent Biruta, defendió el proyecto y aseguró que su país ofrecerá «una segunda oportunidad» a las personas que ya no tienen derecho a permanecer en los Estados europeos participantes. Las instalaciones, que el Gobierno ruandés prefiere denominar centros de acogida, no funcionarían como establecimientos de detención cerrados y podrían incluir programas de formación profesional.
Las críticas por posibles vulneraciones de derechos humanos
La propuesta, impulsada inicialmente por Austria hace dos años y desarrollada en coordinación con la Comisión Europea, generó fuertes cuestionamientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de distintos sectores políticos, que advierten sobre los riesgos de trasladar a personas vulnerables a países con antecedentes de represión.
El presidente francés, Emmanuel Macron, ya había rechazado la iniciativa al considerar que estos centros no son eficaces y que tampoco resultan compatibles con los valores de la Unión Europea. En tanto, Naciones Unidas había pedido anteriormente al Reino Unido que reconsiderara su plan de deportaciones a Ruanda, finalmente descartado.
Una de las principales preocupaciones está relacionada con el historial del país africano. La organización Human Rights Watch advirtió sobre antecedentes de represión, detenciones arbitrarias y posibles vulneraciones de derechos fundamentales, y cuestionó qué garantías tendrán los migrantes trasladados y qué recibirá Ruanda a cambio del acuerdo.
Las críticas también se hicieron visibles este lunes en Viena, donde cerca de un centenar de manifestantes se concentraron antes de la reunión de los representantes europeos y exhibieron pancartas contra el entendimiento entre la UE y el país africano.
Pese a las objeciones, la Comisión Europea respaldó los avances de las negociaciones. Su portavoz, Markus Lammert, señaló que el organismo sigue de cerca los trabajos preparatorios de los cinco Estados miembros para poner en marcha este tipo de centros.
Si la experiencia piloto resulta exitosa, los gobiernos participantes no descartan extender el modelo a otros países, entre ellos Uganda y Uzbekistán. La iniciativa forma parte de una estrategia europea más amplia para incrementar las expulsiones de migrantes sin derecho de residencia y desalentar nuevos ingresos irregulares al continente.
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