El miércoles de la semana pasada se cumplieron 50 años de aquel hecho político al que la historia argentina ha llamado “Cordobazo”. En efecto, medio siglo nos separa del 29 de mayo de 1969, nada menos. Ese día, obreros y estudiantes cordobeses ganaron las calles de nuestra ciudad para hacer saber sus quejas y demandas.
La historia cordobesa, tan cargada de conservadurismo, se jacta de algunos hechos revolucionarios. Entre ellos, hay dos que sobresalen sobre el resto: la reforma universitaria de 1918 y el Cordobazo de 1969. Córdoba es reconocida a lo largo y a lo ancho de América latina por estos dos gritos de libertad cuyos ecos superviven.
Sin la reforma universitaria de 1918 es imposible entender el Cordobazo de 1969. Porque de la misma universidad pública, reformada medio siglo atrás e intervenida por la dictadura de Juan Carlos Onganía, salieron los estudiantes que apoyaron en las calles las reivindicaciones de los obreros dirigidos por Agustín Tosco.
El Cordobazo fue una protesta contra una dictadura militar que, en nombre de una supuesta “Revolución Argentina”, había abolido la Constitución Nacional, eliminando los derechos políticos y las libertades civiles de los argentinos. Las universidades estaban intervenidas, los partidos y los sindicatos estaban cerrados.
Onganía había llegado al poder por un golpe militar que había derrocado a Arturo Humberto Illia, el 29 de junio de 1966. Vale la pena recordar que aquel golpe de Estado se dio con el apoyo de destacados periodistas y medios de comunicación, más la complicidad de algunos sectores empresariales y sindicales que se mantenían.
No fue una protesta pacífica. Hubo violencia en la manifestación y una feroz represión de las fuerzas de seguridad que castigaron salvajemente a los manifestantes. Medio siglo después, reivindicar el Cordobazo no implica reivindicar la violencia. Pero sí requiere una cabal comprensión de las circunstancias de aquel momento.
El Cordobazo puede entenderse solamente en el marco de la dictadura que gobernaba el país por aquellos años. Ninguna protesta de esas características sería aceptable en un sistema democrático, por muy legítimas que fueran sus motivaciones políticas o sectoriales. La violencia es incompatible con la democracia como forma de gobierno.
Un año después, tras la muerte de Pedro Eugenio Aramburu a manos de la organización “Montoneros”, concluyó la presidencia de facto de Onganía. La dictadura siguió cuatro años más después del Cordobazo, hasta el 25 de mayo de 1973, con la llegada de Héctor J. Cámpora al gobierno, después de 18 años de proscripción del peronismo.
Un paro con causas y sin consecuencias
El mismo miércoles se dio un paro general, el quinto convocado por la Confederación General de Trabajadores (CGT) durante la actual gestión del presidente de la Nación, Mauricio Macri. La adhesión fue muy alta, como suele suceder cuando se adhieren los gremios del transporte público de pasajeros.
La reacción del gobierno de Cambiemos (o, mejor dicho, del PRO) fue timorata y acomplejada. El presidente Macri hizo caso omiso a lo que estaba ocurriendo en el país que gobierna desde el 10 de diciembre de 2015. Fue al acto por el día del Ejército y habló sobre no volver al pasado, con indisimulable tono electoralista.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que ella y el gobierno están hartos de los paros. Nadie pide que la funcionaria festeje un paro nacional en protesta a la gestión que integra. Pero de ahí a sentir hartazgo por el ejercicio de derechos consagrados por la Constitución Nacional, hay un largo trecho.
De remate, Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo, hizo una estimación del costo económico del paro. Sin dudas, el propósito de la estimación oficial fue desacreditar la medida de fuerza. Sin embargo, ese costo (sobrevaluado, por cierto) es infinitamente inferior al costo de las políticas que motivan el paro.
Según las cifras del Instituto de Estadísticas y Censos (Indec), en el último año se perdieron 268.300 puestos de trabajo. Por su parte, los salarios cayeron 16,2 puntos porcentuales respecto a la inflación. Decir que no hay motivos para un paro demuestra una alarmante negación de la realidad.
Sin dudas, este fue un paro político. Como todos los paros generales, los que le hicieron a Raúl Alfonsín, a Cristina Fernández de Kirchner y a todos los mandatarios que se sucedieron entre ambos. Fue político por sus intenciones y porque reclamaron un cambio de las políticas económicas del gobierno del PRO.
Pues bien, los cambios peticionados no se realizarán. Este fue un paro general con causas innegables: el desempleo y la inflación, entre las principales. Pero sin consecuencias. Todo sigue y seguirá igual. La estrategia del macrismo es de atenuar el ajuste en marcha hasta las elecciones y, luego, profundizarlo.
En esas elecciones, el voto cordobés será decisivo. En 2015, los electores de esta provincia y fundamentalmente de su capital, le dieron la victoria a Mauricio Macri. La misma ciudad que hace medio siglo fue capaz de salir a las calles a protestar por la injusticia. Los tiempos son otros y los medios también.