Nuestro país aunque es un caso no exento de elementos comunes, tiene una particular historia respecto de otros países. Particularmente porque sus últimas operaciones han sido claramente “políticas” excediendo los límites de los estatutos del FMI e ignorando la legislación del país que requería procedimientos internos y/o aprobaciones legislativas con consenso y no simplemente minorías que bloquearan el rechazo del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que convalidó el reciente préstamo.
Decir “político” significa que su otorgamiento, aconsejado por el área técnica a su Directorio, no reunió las características que permitirían estabilizar y desarrollar nuestra economía mientras se permite reiterar las políticas de bicicleta o especulación financiera (carry trade en inglés), y fuga de capitales que ya ocurrieron en 2018 con el mismo ministro que incumplió todos los compromisos asumidos entonces con el FMI y por lo cual el mismo Fondo promovió su salida del gobierno.
En una nota anterior (“La deuda como control”) expresaba que en casi todos los ámbitos, personales, familiares y empresarios, la mayoría de las entidades financieras no pretenden que se cancele la deuda, sino que solo se paguen intereses mientras eso sea posible y cuando ya no lo es, se va por el patrimonio del deudor.
En este caso, los dos préstamos concedidos por el FMI, lo son a sabiendas que nuestro país no podrá cancelarlos por varias generaciones y quién sabe si podrá pagar los intereses, por lo que estará sometido a sus condicionalidades independientemente de quien gobierne y/o entregar los recursos naturales que posee el país.
Esto ocurre luego que en 2005 el país se liberara de su control cancelando la deuda y generando un proceso de crecimiento “a tasas chinas” por varios años, hasta que en 2018 luego de un proceso de endeudamiento externo con capitales privados internacionales que dejaron de prestarle, el gobierno de entonces recurrió nuevamente al FMI con un crédito inédito por su monto que se convirtió en impagable.
Así planteados los planes del FMI, no pueden considerarse fracasados si se los mira desde los intereses de los países que son sus principales accionistas a los que nuestro actual gobierno ofrece graciosamente beneficios impositivos y cambiarios en detrimento de las empresas locales, sus trabajadores y quienes se jubilen
Todo ello, según todos los medios apuntan a ganar las próximas elecciones intermedias, en lo que podría considerarse un “plan platita” para quienes tengan activos financieros y puedan viajar o comprar en el exterior.
Sin embargo, tal como ocurrió en 2018-2019 ese triunfo no es seguro. Por lo que podemos afirmar que no se trata simplemente de favorecer al gobierno endeudador de turno en el engaño a los votantes, sino de condicionar a los futuros gobiernos, sean quienes fueren.
Por ello, no resulta extraño el “reconocimiento” del FMI al gobierno actual por la reducción del déficit fiscal primario –aunque se aumenta el déficit fiscal financiero-, basado en la disminución de haberes jubilatorios, la eliminación de la inversión pública, los aportes a las provincias incluidas las compensaciones a sus sistemas jubilatorios, la precarización de programas que benefician a enfermos oncológicos, discapacidades o medicamentos que contradicen explícitamente sus propias recomendaciones generales en sus documentos anteriores.
El caso de Ucrania puede ser similar, dado que dotado de recursos naturales, tiene una deuda (U$S 15.000 millones) con el FMI y mucho más con EEUU quien le envió graciosamente armas y dinero para continuar una guerra que según Trump podría haberse evitado o acortado. Hoy van por sus minerales, tierras raras e infraestructura energética para “cobrarse” esa cuenta corriente que generaron y sabían que no podría pagar.
Podemos agregar que en estos días según la agencia Bloomberg, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, confirmó en un evento de JP Morgan Chase que su país podría usar el Fondo de Estabilización Cambiaria para asistir a Argentina si empeoran las condiciones globales, para ello la condición es “siempre y cuando Milei mantenga el rumbo de sus políticas económicas»
Así, no resulta extraño aventurar que el anterior y actual préstamo otorgado a nuestro país tiene ese mismo objetivo, que así perdería los recursos que pudiéramos obtener en nuestra Nación, para distribuirlos entre nosotros y con las siguientes generaciones.
Mucho más cuando el presidente Milei está contradiciendo sus propias afirmaciones de cuando era panelista (2018) y diputado (2022) respecto al “populismo” que endeudaba al país con el FMI, festejando hoy el mismo comportamiento que descalificó.
Peor aun cuando es acompañado por “opositores amigables”, “radicales con peluca”, algunos legisladores provinciales y del PRO –endeudador serial según Milei- al no rechazar el DNU 70/24, aprobando la Ley Bases y en especial el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) incluido en ella, que hoy le permite actuar con prescindencia del poder legislativo o en algunos casos, el consentimiento de solo una minoría legislativa.
Todos o casi todos los ahorristas, acreedores incluido el FMI, los economistas “mandriles” e inversores especulativos o en la economía real, saben que más temprano o más tarde el default por impago y una devaluación explosiva, es inevitable.
Por lo que solo dudan entre obtener enormes beneficios en el corto plazo con la bicicleta financiera, o esperar para obtenerla en el largo plazo apropiándose de los recursos naturales –petróleo, gas, litio, tierras agrícolas-, institucionales –Banco Nación-, de infraestructura –hidrovía del Paraná-, etc., en donde el FMI es quien hace la “cabeza de playa” –así se llama a la franja en la que los ejércitos inician una invasión- de ese posible saqueo.
