2019 cierra en un escenario convulsionado por los movimientos independentistas que, con metodologías diferentes, han buscado lograr un objetivo común: la autonomía. Escocia y Cataluña han logrado volver a situar en la agenda internacional una problemática histórica de las relaciones internacionales, que confronta a dos principios fundantes: el de la integridad del Estado, versus el principio de la libre determinación de los pueblos.
Con el surgimiento de las Naciones Unidas (ONU) en 1945, se creó, como órgano principal, al Consejo de Administración Fiduciaria, que tenía como fin la promoción de la independencia de aquellos territorios que aún eran colonias de las potencias de la época. El Consejo operó durante medio siglo, y suspendió sus operaciones formalmente en 1994, con la unión libre de Palao a los Estados Unidos.
El conflicto de intereses entre ambos principios surgió con posterioridad al accionar del Consejo, cuando aparecieron en la agenda internacional los conflictos devenidos de Estados que, dentro de sus fronteras, albergaron a diferentes pueblos; pueblos éstos que han querido lograr el autogobierno. Históricamente, para el sistema internacional el principio de integridad territorial se ha situado sobre el de la libre determinación para este tipo de casos, lo que permitió la prolongación del statu quo en determinados países, como en el Reino Unido de Gran Bretaña y en España.
El Reino Unido se conformó, mediante el Acta de Unión, en 1707, entre Irlanda del Norte, Gales, Escocia, e Inglaterra. El centro de poder político se ubicó en Londres, la capital de Inglaterra, quien socavo el poder de los otros Estados, generando grandes recelos entre ellos. En el caso de Escocia, si bien el movimiento independentista contemporáneo nació en 1934, recién en el año 2014 se llevó a cabo el primer referéndum, que buscaba la secesión. Pero la preocupación sobre el futuro de su economía, ligada a la libra esterlina, y el vínculo con la Unión Europea (UE), hicieron que el 55,3% de los votantes eligieran mantenerse unidos a Gran Bretaña.
A pesar de ello, los sueños de aquellos independentistas no fueron abandonados, y el acuerdo sobre la “letra chica” del Brexit, que se cerrará en estos días, representó la oportunidad para que los escoceses pudieran lograr su tan deseada autonomía, puesto que tendrían la posibilidad de integrarse al espacio Schengen de la UE de manera independiente. Por tal motivo, la Primera Ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha impulsado en el Parlamento un segundo referéndum para 2020.
Cataluña, por su parte, forma parte de España desde 1714, cuando el rey Felipe V, Borbón, tomó por la fuerza Barcelona y promulgó el Decreto de Planta, de 1716, que destruyó las instituciones catalanas. A pesar de su unidad territorial, los rasgos identitarios siempre se mantuvieron muy fuertes y han logrado prevalecer en el tiempo.
En el año 2017, el Govern de la Generalitat (nombre del gobierno catalán) llevó a cabo un referéndum para presionar sobre su autonomía y el 90,2% de los votantes estuvieron a favor de la independencia. No obstante, fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. La sentencia del “procès” contra los líderes independentistas encadeno una nueva escalada de violencia en Cataluña, que ahora más que nunca brega por su autonomía.
Los paradigmas internacionales sobre los cuales versan las cuestiones del autogobierno no son las mismas a las que se presentaron en la segunda posguerra, porque los escenarios son diferentes. 60 años atrás, el sistema solo permitió el derecho de la autodeterminación a las colonias que querían liberar su territorio de la injerencia extranjera, pero condenó como grupos insurgentes a aquellos pueblos que querían lograr el autogobierno dentro de un Estado constituido. Hoy, esos grupos utilizan canales democráticos para lograr sus fines, lo que vuelve a situar en la agenda internacional la pregunta de si realmente pueden ser condenados como beligerantes, o deben ser reconocidos como pueblos que proclaman el derecho a la libre determinación.
Este interrogante, que cambiaría la lectura que el derecho internacional hace sobre estos reclamos, no solo sería significativo para Escocia y Cataluña, sino también para aquellos territorios que todavía no gozan de plena autonomía, como el caso de Malvinas, donde la situación es aún más compleja, puesto que el pueblo que vive en la isla ha sido implantado por Reino Unido, y por ese motivo, lógicamente, eligen pertenecer a Gran Bretaña frente a la natural soberanía argentina sobre el territorio geográfico.