A medio siglo del Tratado del Río de la Plata

Por José Emilio Ortega

A medio siglo del Tratado del Río de la Plata

El Río de la Plata fue descubierto, en nombre de España, por Juan Díaz de Solís en 1516, durante una expedición secreta en la que, navegando hacia el sur del litoral marítimo americano -en carrera con Portugal por dominarlo-, tras alcanzar el curso que denominó “Mar Dulce” perdió la vida a manos de los charrúas.

Por largos siglos Lisboa ambicionó sus costas. De ese esfuerzo surge la Colonia del Sacramento (1680), recuperada por España y devuelta a Portugal tres veces. El tratado de San Ildefonso (1777) dejó a los lusitanos fuera del área, pero en 1816 invadieron la Banda Oriental.

Inglaterra pretendió involucrarse en 1806 -ocupando Buenos Aires por 46 días-; y en 1807, instalándose en Maldonado, Montevideo y Colonia, para atacar Buenos Aires, abandonando las posiciones tras rendirse.

Anexada la llamada “Provincia Cisplatina” (el actual Uruguay) al naciente imperio del Brasil (1822), la República Argentina recuperó el territorio tras la “Guerra rioplatense-brasileña” (1825-1828). La diplomacia británica persuadió a las partes, al firmar la Convención Preliminar de Paz (1828), para establecer el Estado Oriental del Uruguay (“tapón” de futuras pretensiones) liberando la navegación del Plata por 15 años, pero seguirán las tensiones. Al incorporar el Estado de Buenos Aires (1853-1860) a la isla Martín García, en su Constitución de 1854, reafirmando la soberanía contornea la tesis de “costa seca” (la jurisdicción uruguaya sólo podría extenderse hasta la línea de baja marea) que Estanislao Zeballos (canciller de Juárez Celman, Pellegrini y Figueroa Alcorta) esgrimiría posteriormente.

En 1907 Argentina negó el salvataje de un buque naufragado a 2.500 metros de la costa oriental; la protesta uruguaya fue ignorada; en Montevideo, Roque Sáenz Peña acuerda con el negociador uruguayo, su amigo Gonzalo Ramírez, el “Protocolo sobre navegación y uso de las aguas del Río de la Plata”, habilitando la navegación para los dos países.

¿Un “no innovar” o un condominio? La tesis de Sáenz Peña era sólida: se trataba de una sociedad única, asentada en dos soberanías. Él mismo estaba emparentado con los Areco uruguayos, como tantas familias ramificadas en ambos márgenes del Plata.

Desde entonces se plantearon diversas posturas para perfeccionar un tratado. Argentina siguió el criterio de la “línea más profunda” para que los canales principales queden en su jurisdicción; Uruguay pretendía la línea media. De atrás sopló Inglaterra para otorgarle al río, trato de “alta mar”. En los 60 hubo avances: la Declaración conjunta sobre el límite exterior, de 1961, y el Protocolo de 1964.

Luego, tras hostilidades argentinas en la dictadura de Onganía, Uruguay gestiona apoyos en Brasilia y Washington. Argentina propone conformar un grupo de trabajo (1968). Luego del Cordobazo (1969), el presidente oriental Pacheco Areco extiende la jurisdicción marítima hasta las 200 millas, confrontando con Argentina. Parece una vuelta a empezar, pero los técnicos continuaron trabajando.

En 1973, la mesa de trabajo recibió un mensaje: el general Perón (regresado al país en noviembre de 1972) avala concluir las negociaciones. El Tratado se firmó el 19 de noviembre.

Para ambos países 1973 fue difícil: en Uruguay, un autogolpe del presidente Bordaberry inicia una larga dictadura; en Argentina, tras la breve presidencia de Cámpora, el interinato de Lastiri deja paso a la elección de Perón, que asume el 12 de octubre, con el fondo de la violencia política en las dos orillas.

Se negociaba cautelosamente la visita de Perón a Montevideo; estaba fresca la tolerancia oriental a la militancia de exiliados opositores a su gobierno, y el activismo antiperonista de los medios de prensa uruguayos en los 40 y 50. La situación cambió tras 1955, cuando los exiliados eran peronistas y la “resistencia” utilizó la plaza montevideana. El presidente argentino, buscando una reconciliación definitiva, monitoreó las conversaciones. Su salud exigía reposo, pero ratificó el viaje.

El tratado -firmado por los cancilleres Vignes y Blanco- confirma límites exteriores y establece al interior, el uso de del río conforme parámetros múltiples. Se administra por una comisión mixta asentada en Martín García. Las islas aluvionales serán de jurisdicción uruguaya. Se establecen zonas comunes de pesca. Los ilícitos se persiguen penalmente donde se cometen y en controversias interviene la Corte Internacional de Justicia. Los buques de las partes se rigen por su ley de bandera, y los de terceros Estados por la jurisdicción más cercana.

Arribado a Carrasco, Perón se conmueve por las manifestaciones callejeras de afecto. En la sede de gobierno debe salir a saludar tres veces a la multitud agolpada en la Plaza Independencia; afirma estar llegando a la casa de un hermano, y con ello a su propia casa. También que la señal geopolítica establecida valía más que las palabras de cualquier tratado.

En su discurso, Perón (cuya abuela paterna, Dominga Dutey, determinante en su vida, era uruguaya) recordará a Sáenz Peña y Ramírez en su obra “ejemplificadora”. Regresa a Buenos Aires y pide darse un gusto postergado: almorzar en un carrito de la Costanera. En la madrugada del 21 sufre, por el desgaste, un gravísimo episodio coronario.

En sus últimos meses (fallece en julio de 1974), Perón impulsa (vía BID) el financiamiento de obras de integración física y acelera numerosos acuerdos. El puente internacional entre Colón y Paysandú se inaugura en diciembre de 1975; el que une Puerto Unzué y Fray Bentos, en setiembre de 1976; Salto Grande se inicia en abril de 1974, comenzando a funcionar en 1979. En 1975 se firma el estatuto del Río Uruguay, complementario al tratado de 1961.

Semejante tributo hacia aquella sociedad asentada en dos soberanías determinó el rumbo de la integración bilateral y regional. Servicio imprescindible que, en su cincuentenario, debe memorarse.

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