A las 3 de la mañana sonó el teléfono del ministro de Seguridad para avisarle que se iniciaba un operativo con 11 allanamientos para detener al jefe de la Policía Caminera Maximiliano Ochoa Roldán y otros policías, abogados y civiles. El fiscal Guillermo González llevaba meses siguiendo la pista de la banda que mezclaba gestiones legales como abogados y maniobras turbias como uniformados.
Los timbres de los domicilios de distintos puntos de la ciudad y el Gran Córdoba sonaron a la hora prevista y nadie se resistió. Las detenciones se hicieron con personal de las brigadas de investigaciones de la misma fuerza, pero la pesquisa que ordenó el fiscal se ejecutó con investigadores de la DIO, una división de la Policía Judicial que está formada por profesionales.
Fue el mismo Juan Pablo Quinteros el encargado de informar al gobernador que un alto jefe policial junto a otros efectivos emprendieron un viaje hasta la cárcel de Bouwer. Tal vez Llaryora habrá pensado cuántas veces la oposición y el periodismo usarán la frase “los buenos son los de azul” que pronunció, pocos días atrás, a instancias de Quinteros, para defender la labor de la policía.
La decisión del fiscal de brindar detalles de la causa en conferencia de prensa en la Jefatura junto al ministro y el jefe de policía formó parte de la primera acción de control de daños: mostrar a la fuerza y su jefe político junto a quién depura a la institución.
La segunda maniobra fue una larga reunión en la noche del viernes en el Panal para definir un paquete de medidas que reformen el estatuto policial y fijen nuevos métodos para la elección de los jefes. La reunión no se agotó ese día y continuó el sábado por la mañana. Llaryora no pudo disfrutar ni una semana la victoria de haber colocado deuda en el mercado financiero internacional.
La reacción del Gobierno y el control de daños
Se plantea un régimen donde los policías que sean abogados no puedan ejercer la profesión para evitar el uso de privilegios propios de la función pública. También se controlará con otro rigor los antecedentes de quienes sean promovidos a la plana mayor. “Hoy ninguna empresa seria toma un empleado sin antes realizar una entrevista ambiental. La policía le da armas, poder y tropa a un hombre sin revisar cómo vive, qué patrimonio ostenta y qué relaciones mantiene. Tan sólo se guían por una foja de servicio que elabora la misma entidad” dice un experto en seguridad con paso por varias fuerzas y agrega que “no hay ninguna institución de seguridad sana que no posea controles internos, externos, cruzados y de civiles”.
Todos reconocen la dificultad que entraña el manejo de una institución con más de 20.000 hombres y mujeres. Pero el peligro más grande de una fuerza que se autogobierna es el riesgo de una institución que, en vez de combatir el delito, lo administre.
Creer que la seguridad es un problema que se resuelve con una licitación de patrulleros es perder de vista la sutil cadena de gestión de un asunto social dinámico y desafiante. Por momentos Quinteros sobreactúa su rol, pareciendo un motivador de los efectivos y no la severa autoridad política que debe conducirla.
Este tipo de hechos son frecuentes durante la gestión gubernamental y se cobran costos políticos de los que se deben absorber los impactos o se debe aprovechar la inercia para impulsar cambios de fondo. En los próximos días se verá cuál es el talante del gobernador frente a estos hechos.
José Manuel de la Sota o Juan Schiaretti atravesaron crisis severas y muy costosas, pero lo hicieron desde posiciones públicas y gestiones gubernamentales muy consolidadas. Distinto es el momento de Llaryora, que aún no puede exhibir logros significativos en un contexto de recortes y limitaciones.
La embestida legislativa y el contexto político
La semana pasada parecía calma y tranquila en las oficinas del Panal porque la llegada de las dos primeras cuotas del acuerdo por fondos adeudados por Nación le dan un respiro a las arcas provinciales. La homologación de la Corte Suprema liberó los primeros pagos y ahora restan diez más, mensuales y consecutivos de 5.000 millones cada uno.
El otro punto que le serviría para festejar era la colocación de deuda en los mercados internacionales de crédito. Lo hizo a una tasa de 9,75 por ciento anual por 725 millones de dólares. El interés es un poco más alto de lo esperado, pero le permite recomprar deuda que vencía en breve y rolear todo hasta el 2032. Ni siquiera con una reelección en el medio Llaryora se verá obligado a pagar el capital de esos títulos: una maniobra que despeja el corto y mediano plazo de la gestión pagando el mínimo de la tarjeta.
Con algunos asuntos resueltos en el frente económico ahora el gobernador se apresta a sumarse al lote de gobernadores que preparan una embestida legislativa en el Congreso por los fondos de los ATN y el impuesto a los combustibles líquidos. Ya están los acuerdos y hasta prevén enfrentarse a un posible veto con conversaciones que abarcan a la UCR, el PRO y Unión por la Patria. Desafiar a Milei entre casi todos los mandatarios puede exponerlos ante los votantes libertarios en sus provincias, pero habla del nivel de condicionamientos materiales que sufren los gobernadores. Un observador razonaba: “Era seis meses antes”.
