La adaptación de la frase del título a la primera persona del plural, extraída del Evangelio de Juan (Jn 8:31), atribuida a Jesús hacia los judíos que querían matarlo, sigue teniendo toda su vigencia. Y su reversión a “la libertad os hará verdaderos”, también.
Es que -creer o no creer- en estos días conflictivos se ha convertido para las mayorías en las únicas opciones posibles, sin buscar (o no) encontrando la verdad. En casi todos los temas nos falta información importante, aunque haya mucha información intrascendente, y entonces tomamos posición con falta de datos y algunos suelen fanatizarse, al punto de romper relaciones muy cercanas sólo por creencias poco informadas o no fundadas en evidencias, que no podemos conocer en profundidad y, mucho menos, hacer algo por cambiar lo que nuestras creencias discuten. Por ello, la búsqueda de la verdad –la verdad absoluta no podremos nunca obtenerla realmente- es siempre bienvenida.
Las causas judiciales contra funcionarios kirchneristas carecen de datos suficientes para adoptar posiciones independientes (Ver en HDC mi nota “Vialidad: pocas explicaciones, muchas dudas” del 13-12-22), y algunas contra funcionarios del gobierno anterior tampoco, mientras duermen en cajones judiciales.
El conflicto entre el gobierno de CABA y Nacional, que ha derivado en el pedido de juicio político y pedidos de investigación a miembros de la Corte Suprema es otro de los tantos que carecen de datos suficientes; por ejemplo, en el monto que le correspondería a la ciudad capital por la transferencia de la Policía Federal a su jurisdicción, que resolvería definitivamente la cuestión de fondo, sin recurrir a la cautelar de la CSJN cuyo cumplimiento hoy se debate.
Así, las mayorías sólo pueden creer o no creer lo que dicen los medios afines de las partes, llenos de adjetivos, calificación o descalificación mutua, pero con pocos o ningún dato preciso, verificado y basado en evidencias.
El Poder Judicial, tampoco contribuye a la búsqueda de la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, a partir de activar unas causas y frenar otras que duermen en sus cajones sin resolución durante años o décadas, contrariando lo que hizo a inicios del período democrático en los juicios por los hechos acaecidos durante el Terrorismo de Estado.
También con la aceptación -o no- de pruebas obtenidas de modo irregular, que en algunos casos se han aceptado sin tapujos –como las recibidas por diputadas en sobres anónimos, por periodistas que corren por parques; o cuadernos sobrescritos por varias manos, que no se peritan- y en otros se rechazan de plano en un rigorismo de doble vara, aun cuando su contenido puede ser verificado por hechos y documentos anteriores o posteriores.
Ese rigorismo actual sobre la validez de pruebas sobre temas de trascendencia pública desconoce los efectos jurídicos y políticos en otras jurisdicciones de filtraciones, como las de Wikileaks de Julián Assange o Panamá Papers, Paradise Papers, etc., que produjeron renuncias y juicios en otros países, pero que en el nuestro no tuvieron efecto jurídico o político alguno para los allí involucrados. En una adaptación doméstica, es como si en una pareja en donde uno de ellos descubre pruebas de infidelidad en el teléfono del otro y la discusión discurra en cómo se obtuvo la información invadiendo la intimidad, y no en la infidelidad misma.
Es que algunos ¿muchos? de nuestros periodistas de medios, a pesar de que tienen protección constitucional de la reserva de sus fuentes, por motivos propios o de la editorial en la que publican omiten parte de lo que saben e inclusive contribuyen a difundir noticias falsas, que protegen a sus anunciantes o propietarios mucho más allá de la legítima línea editorial. Por eso, independientemente de la apreciación que hagamos de los legisladores nacionales y la democracia liberal representativa, republicana y federal que consagra nuestra Constitución, es bienvenida la iniciativa de promover el tratamiento del pedido de juicio político e investigación a los miembros de la Corte, más allá de contar o no con las mayorías necesarias para que se concrete su acusación, juzgamiento y sanción, si tan sólo logramos conocer de primera mano la información necesaria para corregir o fundamentar posiciones en base a hechos verificables.
Por supuesto que, para ello, que no está limitado por el rigorismo legal de la procedencia de las fuentes, se debiera garantizar el principio de inocencia y el derecho de defensa, a los que no se debiera renunciar nunca. Así, más allá que el resultado final nos guste o no, todos podremos conocer al menos parte de la verdad en el tema que, por la trascendencia del proceso, nadie podrá ocultar o argumentar desconocimiento.
También la oposición debiera recurrir al pedido de juicio político en los casos que involucran a funcionarios con esa protección, sin escudarse en los vericuetos de un sistema de justicia que invisibiliza las pruebas verificables con las que se argumenta, ni en el ocultamiento de sus medios afines dominantes.
En otros casos judiciales, la participación de jurados populares prevista en todos los códigos de procedimiento penal, pero aplicada en muy pocos casos, especialmente en los referidos a corrupción, podría dar mayor transparencia y confiabilidad en un sistema de justicia que sufre, hace décadas, la peor imagen de todas las instituciones de la democracia.
Así, las mayorías podríamos acceder a un mayor conocimiento de la verdad y quienes pretendemos independencia, o al menos objetividad, requerimos para ser más libres, lo que también nos hará más verdaderos, en un círculo virtuoso.