El pasado domingo los cordobeses elegimos un nuevo gobernador y una nueva vicegobernadora: Martín Llaryora y Myriam Prunotto ganaron por tres puntos porcentuales. Ese fue el resultado del escrutinio provisorio, y ese será el corolario del escrutinio definitivo, centésimas más o menos.
La ineptitud de la Justicia Electoral de Córdoba impidió que los ganadores celebraran el triunfo en tiempo y forma; al mismo tiempo, posibilitó que los perdedores no reconocieran la derrota, como hubiera correspondido. Una mácula en la historia institucional de una provincia como la nuestra.
Los candidatos de todas las fuerzas políticas, en particular de Hacemos Unidos por Córdoba y Juntos por el Cambio, se fueron a dormir mascullando broncas. Los medios de comunicación hicieron maratónicas coberturas hasta la madrugada del lunes, sin poder informar el resultado esperado. Los ciudadanos, en ascuas.
En esa madrugada, tanto Llaryora como Juez se mostraron prudentes y dijeron que esperarían los resultados del escrutinio final. El candidato oficialista sostuvo que no dudaba de su triunfo y el opositor no puso en tela de juicio el proceso electoral. Sin embargo, el día después fue diferente.
Asumiéndose como gobernador electo y como era previsible, Llaryora se puso al hombro la campaña municipal, apoyando a su sucesor, Daniel Passerini. Vale recordar que el 23 de julio los cordobeses de la capital votaremos intendente, viceintendente, concejales y tribunos de cuentas.
Juez, en cambio, mutó su prudencia inicial por una catarata de declaraciones cargadas de enojo y frustración. En medios nacionales dijo que el oficialismo había repartido “de todo” en los “barrios pobres” y que, por eso, él había perdido; incluyendo, según su denuncia, la repartija de droga.
Como él mismo lo reconoció pocas horas después, Juez perdió las elecciones a gobernador, por tercera vez, y difícilmente tenga otra oportunidad. Hizo una muy buena elección y se entiende su frustración. Con la oposición unidad y tras 24 años de gobiernos justicialistas, creyó que esta vez era la suya.
Sin la posibilidad de denunciar fraude como hizo en las elecciones del 2007, Juez no pudo contener su verborragia, y se lanzó a la aventura de denuncias tan temerarias como indemostrables. Decir que los pobres venden sus votos por drogas es un irrespeto que los cordobeses no merecen.
El principal perjudicado por esta insensatez de Luis Juez es su candidato a intendente: Rodrigo de Loredo no puede desplegar su campaña porque Juez se puso en el centro de la escena y lo estará hasta que, forzado por las circunstancias, deba reconocer el resultado final y saludar al ganador.
La irresponsabilidad del escrutinio
La jornada electoral fue una fiesta cívica, como todas las elecciones en Córdoba. Los ciudadanos fuimos a votar y lo hicimos libremente. No hubo denuncias de ningún dirigente o partido político. Tampoco hubo incidentes entre los electores ni entre los candidatos.
Es cierto: el porcentaje de electores fue bajo en comparación con otras elecciones de las mismas características. Más del 30% de los ciudadanos habilitados para sufragar no cumplieron su deber. Porque no pudieron o porque no quisieron, faltaron a la cita más importante de cualquier democracia. El abstencionismo electoral es un fenómeno que se viene presentando en las elecciones provinciales que se han realizado durante este año. Se trata de una lamentable consecuencia del desencanto, o la bronca, que los ciudadanos de a pie sienten respecto a la política y la democracia. Dicho eso, convengamos que el porcentaje de electores que no votaron no cuestiona la legitimidad de origen de quienes resultaron electos. Así son las reglas de la democracia como forma de gobierno. Quienes no votan, sea por desinterés o por enojo, delegan su decisión en quienes sí lo hacen.
Los problemas no se dieron durante la votación. Tampoco durante los escrutinios de mesa.
Por cuarta vez consecutiva, los cordobeses votamos a través de la boleta única en las elecciones provinciales. Nunca antes hubo dificultades y no las hubo en estas elecciones.
La boleta única es un instrumento que aporta transparencia al sistema electoral cordobés. Sin embargo, la opción de votar “lista completa” agrega confusión y ha sido, muy probablemente, el motivo de gran cantidad de votos en blanco para legisladores y tribunos de cuentas.
Las complicaciones se produjeron durante la transmisión y la carga de los datos contenidos en las actas de las más de 9.000 mesas electorales.
El escrutinio fue caótico. La exasperante lentitud en la publicación de los resultados puso en vilo a todas las fuerzas políticas y a la ciudadanía en general.
Vale destacar que, en Córdoba, todo el proceso electoral depende del Poder Judicial, no del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo. Nada tiene que ver el gobernador o la Legislatura en la organización, el desarrollo y la conclusión de las elecciones provinciales.
La irresponsabilidad de la Justicia Electoral de Córdoba debería tener consecuencias. Córdoba debe cuidar la calidad institucional que la distingue de otras provincias argentinas.
No se trata de explicar lo inexplicable. Por mucho menos, cualquier funcionario político debería renunciar.