Este 19 de noviembre se cumplieron 10 años de la sanción de la ley 27.044 que le otorgó jerarquía constitucional en nuestro país al primer Tratado de Derechos Humanos del Siglo XXI, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (C.D.P.D); se torna válido hoy interrogarnos acerca de si continúa constituyendo un problema, la discapacidad, en varios ámbitos de nuestra sociedad.
Si debiéramos responder de manera hipócrita al título de ésta nota, seguramente responderemos con un patente “no”, que “no molesta y que los avances en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad han avanzado enormemente, que ya es suficiente su reconocimiento”, “que se tiene muy en cuenta”, etcétera, etc.
Estamos a un par de años de cumplir 20 años desde la sanción de la C.D.P.D.; sus enunciados como principios palmarios en su articulado nos inducen a pensar: “¿quedó como acontecimiento histórico de luchas y voces escuchadas para formar parte de un cuerpo normativo escrito?” “¿pasó a ser una ley en desuso o con muy poco uso frente a reiterados, agotadores e insistentes reclamos en cada caso particular para aplicar alguno de sus artículos?”
Es indudable, que por más que a algunos nos duela como ciudadanos, la discapacidad continúa generando molestia, estorbo, con intenciones de liberarse y deshacerse de todo aquello que pueda comprometernos con conductas o actitudes que sean acordes, respetuosas y reconocedoras de que las personas con discapacidad son personas, que tienen dignidad como todas las personas, y que su diversidad como característica de todo ser humano no debiera opacar el reconocimiento de los derechos que todo sujeto posee.
Conceptos como “comunicación”, “lenguaje”, “discriminación por motivos de discapacidad”, “ajustes razonables”, “accesibilidad”, “respeto de la dignidad inherente”, entre otros, receptados por el Tratado, parecen desvanecerse y hundirse hasta desaparecer por completo en la mentalidad de muchas personas.
Aún muchos establecimientos educativos, obras sociales, centros de salud, ámbitos de trabajo en la esfera pública y privada, centros comerciales y polideportivos, por mencionar algunos, prefieren “tapar bajo la alfombra” o hacernos creer que las personas con discapacidad están incluidas y que conviven como toda otra persona sin ningún inconveniente.
Si todavía decidimos mantenernos “cerrados” al conocimiento, al desprejuicio, al reconocimiento, pues seguiremos “pateando la pelota” hacia adelante y que sea otra persona quien “resuelva” los supuestos inconvenientes.
Acaso, se impone como otro interrogante ¿pueden generar serias complicaciones las personas con discapacidad, dificultades que nos impiden ejercer nuestros derechos, trabajar o educarnos como tal vez soñáramos? Una respuesta afirmativa a ello nos identificaría indudablemente al menos como ingenuos o ignorantes.
Si desde el Estado se diera cumplimiento efectivo a la norma del artículo 8 de la C.D.P.D. que establece: Toma de conciencia
1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para:
a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas;
b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida;
c) Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad. Seguramente podríamos comenzar a responder a la pregunta que titula el presente artículo: “La discapacidad ya no nos molesta”.